El próximo sábado 19 de octubre se cumplen 20 años de la instalación de la primera fiscalía barrial del Distrito Nacional, en el sector Gualey. Desde entonces ya suman 17 que se han convertido en lugares donde los ciudadanos exponen denuncias que van desde amenazas de muerte hasta casos de violencia de género. La creación de las fiscalías barriales bajo la dirección de José Manuel Hernández Peguero ha contribuido a integrar a la ciudadanía en la solución de conflictos, evitando que muchos casos lleguen a los tribunales y saturen el sistema judicial. Las fiscalías barriales acogen casos de agresión, robo, violencia, amenazas y otros conflictos, brindando una solución a los ciudadanos afectados sin tener que trasladarse al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
José Manuel Hernández Peguero concebió las fiscalías barriales como una forma de acercar la justicia a los barrios, garantizando los derechos de los ciudadanos y promoviendo la convivencia y la seguridad ciudadana. A pesar de que han pasado 20 años desde la instalación de la primera fiscalía barrial en el Distrito Nacional, Hernández Peguero critica la falta de continuidad del proyecto en otras provincias densamente pobladas que podrían beneficiarse de la presencia de fiscales para resolver problemas comunes de la población. Por otro lado, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, destaca la importancia de ofrecer un trato adecuado a los ciudadanos en lugares seguros y confortables, con condiciones de confidencialidad para garantizar una labor eficiente.
En el año 1987 se adoptó la decisión de asignar fiscales en los destacamentos de la Policía Nacional en los barrios de la capital para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y evitar que los casos que ameritan intervención judicial fueran desestimados por la policía. Sin embargo, la falta de liderazgo y dirección de los fiscales hacia los agentes policiales, sumado al intento de los policías de desligarse de los casos, generaba maltratos y violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con la entrada en vigor de la ley del ministerio público y el Código Procesal Penal, se delinearon las funciones de los fiscales y se promovió la atención integral a las víctimas de delitos.
Las autoridades decidieron establecer a los fiscales en lugares separados de los destacamentos policiales, creando así las fiscalías barriales para brindar una solución más efectiva a los conflictos de la población. Los residentes de varios sectores de la ciudad capital participan junto a los representantes del ministerio público y los voluntariados en la resolución de conflictos menores que se presentan en las fiscalías barriales. El delito más denunciado en estas fiscalías es la violencia contra la mujer, seguido de amenazas y robo simple. Los voluntarios de apoyo, integrados por dirigentes comunitarios, representantes de iglesias y clubes deportivos, juegan un papel importante en la administración de justicia y el funcionamiento de las fiscalías barriales.
En las fiscalías barriales, los ciudadanos encuentran un lugar seguro y confortable para exponer sus denuncias, con la garantía de que serán tratados de manera adecuada y confidencial. Los fiscales comunitarios se convierten en un "lazo directo y humano" con la sociedad, impulsando la participación de la ciudadanía en la resolución de conflictos y la garantía de la convivencia y seguridad ciudadana. A pesar de los avances logrados en el Distrito Nacional, existe la necesidad de expandir este modelo a otras provincias que podrían beneficiarse de la presencia de fiscales en los barrios para resolver conflictos y promover la justicia comunitaria.
