Dos de tres venezolanos implicados en una red de tráfico ilícito de personas para explotación sexual en República Dominicana fueron enviados a prisión preventiva por tres meses. El tercero fue liberado bajo fianza de RD$500,000, con impedimento de salida y presentación periódica ante las autoridades. Los acusados son Michel Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Derek Cortes Solano, quienes fueron arrestados en el Distrito Nacional junto con tres víctimas extranjeras supuestamente secuestradas.
El Ministerio Público señala que las víctimas eran obligadas a tener relaciones sexuales con clientes a cambio de dinero mientras estaban cautivas, además de vender drogas. Estas víctimas fueron reclutadas bajo falsas promesas de trabajo, les pagaban el viaje y luego les exigían saldar una deuda de USD4,000 trabajando como sus captores deseaban. Según las declaraciones de las víctimas, la red las publicitaba en catálogos digitales a través de WhatsApp.
Gutiérrez Ruiz y May Mendoza cumplirán la prisión preventiva en Najayo, San Cristóbal, según lo determinado por el Juzgado de Atención Permanente. Este caso evidencia la gravedad del tráfico de personas con fines de explotación sexual en República Dominicana y la vulnerabilidad de las víctimas extranjeras que caen en estas redes. Es fundamental combatir este tipo de delitos y proteger a las personas que son víctimas de explotación sexual y laboral en el país.
La detención y procesamiento de los acusados es un paso importante en la lucha contra el tráfico de personas en República Dominicana. La colaboración entre las autoridades locales y extranjeras es crucial para desmantelar estas redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia. Además, es necesario fortalecer las medidas de prevención, detección y protección de las víctimas de tráfico humano para evitar que sigan siendo explotadas.
Es importante que la sociedad esté alerta y denuncie cualquier situación sospechosa relacionada con el tráfico de personas. La sensibilización y la educación en torno a este tema son fundamentales para erradicar esta forma de violencia y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas que son más vulnerables a ser víctimas de explotación y abuso. La lucha contra el tráfico de personas debe ser una prioridad para las autoridades y la sociedad en su conjunto.