El economista Haivanjoe Ng Cortiñas critica la reforma fiscal en República Dominicana, que busca recaudar RD$110 mil millones adicionales para aumentar el gasto público sin beneficiar el gasto social. Se destaca que solo un 10% del gasto total se destinará a la salud pública, lo que no sería suficiente para enfrentar los desafíos actuales. Además, se cuestiona que una parte significativa de los nuevos ingresos se destinará a recapitalizar el Banco Central en lugar de beneficiar a los sectores más vulnerables.
Se menciona que otra parte de los ingresos tributarios se destinará a los gobiernos locales y a la seguridad ciudadana, sin impactar de manera positiva en los sectores de menores ingresos. Se critica que los ayuntamientos gasten la mayor parte de su presupuesto en gastos corrientes en lugar de inversiones sociales. Respecto a la seguridad ciudadana, se señala que es importante atacar las causas de la inseguridad, como el desempleo y la pobreza, en lugar de simplemente aumentar el gasto en este rubro. Se destaca que la reforma fiscal podría aumentar la presión sobre los precios en lugar de beneficiar a la población.
El economista Ng Cortiñas considera que la reforma fiscal no es necesaria, ya que el gobierno prevé un crecimiento económico estable y el cumplimiento de la meta de inflación en los próximos años. Se cuestiona la pertinencia de recaudar RD$110 mil millones adicionales si la economía ya está en camino hacia un crecimiento sostenible. Se menciona que la reforma fiscal podría afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos si no se implementa de manera progresiva y adecuada.
En resumen, la reforma fiscal propuesta en República Dominicana ha generado críticas por parte de economistas como Haivanjoe Ng Cortiñas, quienes consideran que no beneficiará al gasto social ni a los sectores más vulnerables. Se cuestiona la distribución de los nuevos ingresos, resaltando que se destinan grandes cantidades a la recapitalización del Banco Central y a otros rubros que no beneficiarían directamente a la población de menores ingresos. Asimismo, se plantea la posibilidad de que la reforma genere presión sobre los precios y afecte el poder adquisitivo de los ciudadanos.
