Ángel Lockward está negociando un acuerdo con el Ministerio Público en base a la información proporcionada por el Pepca, en la que se establece que clientes suyos realizaron pagos de comisiones a sociedades de Fernando Crisóstomos, contaminando así sus ingresos. Su defensa sostiene que las cesiones de crédito realizadas en sus oficinas correspondían a honorarios, mientras que las de sociedades comerciales o empleados de Crisóstomos fueron notariadas por un abogado notario público y por alguaciles que él solía utilizar. Lockward ha devuelto voluntariamente una suma de RD$220,000,000 en honorarios por casos ganados en tribunales, entregando también bienes inmuebles.
En cuanto al manejo de dinero a través del sistema bancario mencionado en la acusación, la defensa argumenta que Lockward pagó RD$12 millones al Estado bajo la Ley de Amnistía Fiscal y que es normal que haya manejado fondos a través del sistema bancario. Respecto a los bienes inmuebles recientemente comprados, su defensa señala que estos fueron adquiridos en años anteriores y han sido entregados para completar los acuerdos. Lockward ha pagado sus impuestos religiosamente y los bienes datan de más de 20 años.
Lockward ha decidido negociar un acuerdo con la Procuraduría para poder desbloquear las oposiciones que pesan sobre sus clientes con sentencias obtenidas en esta Administración. Su abogado argumenta que muchos de estos clientes son personas mayores y enfermas que necesitan el pago de sus propiedades. Ejemplifica con casos como el de una mujer de 90 años, ciega y amputada, a la que el Estado no ha pagado una sentencia de RD$85,0 millones. Además, menciona que varios clientes beneficiados con sentencias han muerto en la pobreza sin recibir el pago del gobierno actual.
La defensa de Lockward establece que su oficina intervino en menos del 30% de los casos investigados, obteniendo ganancia de causa en la mayoría de ellos. Se menciona el caso de Alessandro de Apola, donde Lockward no participó pero se realizó un pago considerable a pesar de la existencia de oposiciones y litis penales. Respecto a la sucesión LAJAM, se trató de la sucesión de Elías Atallah en la que Lockward participó como abogado junto a otros. En el caso del doctor Merido Torres, Lockward llevó un proceso con los Sucesores Reyes en la Parcela 613 del Aeropuerto de Las Américas.
El abogado de Lockward destaca que la barra de defensa recomendó a su cliente negociar un acuerdo con la Procuraduría como solución legal para poner fin a los conflictos penales. Se resalta que muchos de los clientes de Lockward son personas de edad avanzada, enfermas y en situaciones vulnerables que necesitan el pago de sus propiedades para garantizar su bienestar. Existe una urgencia por resolver estas situaciones de manera justa y equitativa, evitando prolongar aún más la injusticia que están enfrentando.
