El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Jochi Gómez y otros implicados en el caso Camaleón, argumentando que la firma del acuerdo entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y la empresa Aurix fue un acuerdo oculto y con malas intenciones. Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Jochi Gómez mostraba interés en controlar, interferir y participar en actividades de captación, seguimiento y ubicación de información relacionada con la seguridad nacional.
El acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa y Aurix, firmado el 23 de junio de 2020, tenía una duración de 12 meses. Aurix, una empresa dedicada a la recopilación y análisis de datos, se comprometió a proporcionar cooperación pública o privada al MIDE en el marco de investigaciones de entes físicos o jurídicos con nivel de riesgo, entre otras obligaciones. Por su parte, el MIDE se encargaría de coordinar los permisos necesarios para las operaciones de Aurix y proveer la cooperación requerida para sus labores de investigación.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa señaló que no se encontraron registros de pagos, deudas o relación con la empresa Aurix en el Ministerio de Defensa, lo que sugiere que la firma del acuerdo fue oculta y con intenciones maliciosas. Consideran que este acuerdo viola las disposiciones constitucionales y legales al otorgar facultades de inteligencia y seguridad nacional a una empresa privada, lo que podría haberse utilizado para prácticas ilícitas como manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.
Además, se descubrió que Aurix usurpaba las funciones de otras agencias de investigación, como la policía, llegando incluso a instalar equipos de videovigilancia ilegalmente y utilizando el logo de la Policía Nacional. La Dirección de la Policía Nacional confirmó que no existía ningún acuerdo con Aurix. También se menciona el uso indebido de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de investigación por parte de Aurix.
En resumen, el Ministerio Público acusa a Jochi Gómez y otros implicados en el caso Camaleón de participar en un acuerdo de cooperación oculto y con malas intenciones entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. Se argumenta que este acuerdo viola las leyes y la Constitución al otorgar a una empresa privada facultades de inteligencia y seguridad nacional, lo que podría haber sido aprovechado para actividades ilícitas. Además, se señala que Aurix usurpaba las funciones de otras agencias de investigación y utilizaba indebidamente instituciones públicas en sus actividades.
