En el caso Calamar, se ha acusado a varios imputados de crear un esquema de sobornos para acuerdos de reconocimiento de deuda con contratistas de la OISOE por trabajos adicionales no realizados. Uno de los implicados es el exsenador Rafael Calderón, quien habría exigido y recibido la suma de RD$18.8 millones por utilizar su relación con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, para pedirle que autorizara el pago de una deuda a un ingeniero. Este ingeniero, Francisco Armando Ortega González, actualmente es querellante en el caso.
La acusación del Ministerio Público señala que los imputados Guerrero, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz y la empresa Miqui Trade, S.R.L. falsificaron la firma de Ortega González en documentos societarios y privados para desviar la suma de DOP 47,313,740.47 que fue pagada por el Ministerio de Hacienda como deuda pública. El pago se realizó el primero de noviembre de 2018 y fue depositado mediante transferencia bancaria a la cuenta de la empresa Miqui Trade, en perjuicio del Estado dominicano y otra empresa representada por Ortega González.
Para distraer el dinero pagado por Hacienda a través de su empresa, Miqui Arias utilizó un contrato de cesión de crédito falsificado notariado por su madre, Rosa Arias Ruiz, y un Acta de Reunión del Consejo de Gerentes de otra empresa, ORLA, S.R.L., también falsificada. Por su parte, el exsenador Rafael Calderón habría recibido los RD$18.8 millones en efectivo de parte de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez a cambio de pedirle a Guerrero que autorizara el pago de la deuda del ingeniero Ortega González a la OISOE.
El caso Calamar ha revelado un entramado de corrupción y sobornos que involucra a varias personas y empresas en la República Dominicana. La acusación de la Fiscalía destaca el uso de documentos falsificados para desviar fondos públicos y enriquecerse ilícitamente. Se espera que se realice un juicio para determinar la responsabilidad de los acusados y aplicar las sanciones correspondientes, en caso de ser hallados culpables.
El exsenador Rafael Calderón es señalado como uno de los principales beneficiados de este esquema de corrupción en el caso Calamar, al exigir una gran suma de dinero a cambio de utilizar su influencia con el exministro de Hacienda para autorizar el pago de una deuda a un contratista. La acusación señala que Calderón recibió RD$18.8 millones en efectivo como parte de este acuerdo ilegal, lo que evidencia el nivel de corrupción y la implicación de altos funcionarios en este tipo de delitos en la República Dominicana.
La trama de sobornos y desvíos de fondos públicos en el caso Calamar pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y mecanismos de transparencia en la administración pública en la República Dominicana. Es fundamental que se investiguen a fondo estos casos de corrupción y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables para evitar que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en el país. La sociedad dominicana espera que se haga justicia y que los implicados en este tipo de delitos respondan por sus acciones ante la ley.
