La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interrogó al exministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem sobre un contrato firmado con la empresa Aurix, propiedad de José Gómez Canaán, para ofrecer servicios de seguridad del Estado. Paulino Sem fue interrogado por más de tres horas en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) y no ofreció detalles a los medios sobre la investigación en curso.
El exministro llegó a la sede de la PGR en la capital poco antes de las 5:00 de la tarde y salió a las 8:15 de la noche. Al salir del interrogatorio, Paulino Sem evitó dar declaraciones sobre el contenido de la reunión con los fiscales anticorrupción y manifestó que no le preocupaba la investigación en su contra. El Ministerio Público investiga un supuesto acuerdo entre Paulino Sem y la empresa de Jochy Gómez que habría permitido actividades de espionaje y vigilancia ilegal.
Jochy Gómez, preso en espera de medidas coercitivas, está implicado en el caso Camaleón por presuntas irregularidades en un contrato millonario para la red semafórica del país con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Otras personas implicadas en el caso incluyen a representantes de empresas contratistas y funcionarios del Intrant. El acuerdo entre Paulino Sem y Aurix se encuentra bajo escrutinio por parte de las autoridades.
El exministro de Defensa se ha mantenido cauteloso en sus declaraciones públicas sobre el caso y ha afirmado que respeta el debido proceso y no desea entorpecer las investigaciones. La Procuraduría continúa indagando las circunstancias en torno al contrato entre Paulino Sem y la empresa de Gómez, en medio de un contexto de intensificación de esfuerzos anticorrupción en la República Dominicana.
La investigación en curso busca determinar si el acuerdo entre Paulino Sem y Aurix fue realizado de manera transparente y legal, o si hubo irregularidades que podrían constituir delitos relacionados con corrupción administrativa. Las autoridades han expresado su compromiso en combatir la corrupción y asegurar que se respeten las leyes y el debido proceso en todos los casos.
El caso ha generado interés mediático y público debido a las implicaciones de corrupción y vigilancia ilegal que podrían haberse dado en el marco del contrato entre el exministro de Defensa y la empresa de seguridad. Las investigaciones continúan avanzando y se espera que en las próximas semanas se revelen más detalles sobre el caso y las posibles implicaciones legales para todas las partes involucradas.
