La jueza Esmirna Gisselle Méndez del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó el retiro del grillete electrónico y la prisión domiciliaria para el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), implicado en el caso Coral 5G. En su lugar, se le impuso una garantía económica de tres millones de pesos a través de una aseguradora y se le prohibió salir del país.
Juan Carlos Torres Robiou es uno de los principales acusados en el caso Coral 5G, junto con Adán Cáceres Silvestre y Julio C. de los Santos Viola, exjefe y subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, respectivamente. Se les acusa de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de estas instituciones públicas. El Ministerio Público también vincula a otros implicados, incluyendo a un coronel de la Policía, una exasimilada y su hijo, un general de brigada del Ejército, un capitán de la Armada y un coronel de la Fuerza Aérea.
La decisión de la jueza de retirar el grillete electrónico y la prisión domiciliaria a Juan Carlos Torres Robiou ha generado controversia, ya que se trata de un caso de corrupción de alto perfil que ha conmocionado a la sociedad dominicana. La imposición de una garantía económica y la prohibición de salir del país se consideran medidas para garantizar que el acusado cumpla con el proceso judicial.
El caso Coral 5G ha provocado indignación en la población dominicana, que ve con desconfianza los presuntos actos de corrupción de altos funcionarios del Estado. La impunidad y la falta de consecuencias para los responsables de estos delitos han llevado a un aumento en la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y judiciales.
Se espera que el proceso judicial contra Juan Carlos Torres Robiou y los demás implicados en el caso Coral 5G continúe avanzando en los próximos meses, en un intento por llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los fondos presuntamente estafados al Estado. La sociedad dominicana está atenta a las investigaciones y al desarrollo del caso, en busca de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
La lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo un desafío en la República Dominicana, donde casos como el de Coral 5G ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones y promover la transparencia en la gestión de los recursos públicos. La sociedad espera que los responsables de estos actos ilícitos sean llevados ante la justicia y se haga justicia en este caso y en otros similares que han salido a la luz en los últimos años.
