Al cierre de esta edición, el caso Medusa estaba en fase de decidir la suerte de los implicados, principalmente el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, acusado de corrupción contra el Estado. El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional estaba considerando si enviar o no a juicio de fondo a los acusados.
El expediente presentado por el Ministerio Público tenía más de 12,274 páginas, junto con cientos de pruebas a favor presentadas por los imputados y sus abogados. El magistrado estaba evaluando las pruebas y tomando decisiones sobre los imputados de forma individual.
Sara María Fernández, esposa de José Miguel de Moya, también acusado en el caso, recibió un auto de no ha lugar a favor, ya que el juez consideró que la acusación en su contra no tenía méritos. El Ministerio Público la había imputado por introducir facturas falsas en complicidad con otros.
La fase preliminar del caso Medusa finalizó luego de tres años en los tribunales, junto con el exprocurador, otros acusados incluyen a exdirectivos y empleados del Ministerio Público. Se enfrentan a cargos por corrupción, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y otros delitos, por un monto superior a los 6 mil millones de pesos.
El juez desestimó la solicitud de la defensa de Rodríguez Sánchez de anular la acusación, considerando que ya existía un descargo otorgado por el Consejo Superior del Ministerio Público. Además, el tribunal ha rechazado otros incidentes interpuestos por las partes relacionadas con el proceso. El caso Medusa ha sido uno de los más complejos de corrupción en República Dominicana, con numerosos implicados y acusaciones graves contra altos funcionarios.
La decisión final sobre el futuro de los implicados en el caso Medusa aún estaba pendiente al cierre de esta edición, con el juez evaluando las pruebas y argumentos presentados por ambas partes. La corrupción sigue siendo un tema de gran preocupación en la sociedad dominicana, y casos como este ponen de manifiesto la importancia de combatir este flagelo para garantizar la transparencia y la justicia en el país.