El juicio preliminar contra un grupo de exfuncionarios peledeístas acusados en el caso Calamar comenzará el 17 de junio en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Entre los acusados se encuentran los exministros de la Presidencia, Hacienda y Obras Públicas, así como otras personas de menor jerarquía, empresas relacionadas y particulares. Se les atribuye haber distraído más de RD$19,000 millones de los contribuyentes a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos para la campaña política del PLD en 2020.
En el proceso están imputadas un total de 46 personas físicas y empresas, cuya acusación formal comenzará a ser notificada a cada uno de ellos. El expediente consta de 3,662 páginas, incluyendo más de 2,000 elementos de prueba contra el grupo. Según el titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), Wilson Camacho, se trata de un supuesto entramado que habría operado en beneficio propio, causando un perjuicio económico al Estado dominicano y a los contribuyentes.
El Ministerio Público ha acusado a los implicados de cometer irregularidades en pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como en sobornos para apoyar la campaña política del PLD en 2020. Este caso ha generado gran interés en la opinión pública dominicana, ya que involucra a figuras de alto perfil dentro del partido oficialista. Se espera que el juicio preliminar arroje luz sobre las supuestas actividades ilícitas llevadas a cabo por este grupo.
La magistrada Altagracia Ramírez Cruz presidirá el juicio preliminar contra los exfuncionarios peledeístas y otras personas implicadas en el caso Calamar. Se espera que este proceso legal arroje luz sobre las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y permita determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados. La corrupción en la política dominicana ha sido un tema recurrente en los últimos años, y este caso representa un intento por parte de las autoridades de combatir este flagelo.
El inicio del juicio preliminar contra los exfuncionarios peledeístas acusados en el caso Calamar marca un paso importante en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Se espera que este proceso legal contribuya a fortalecer las instituciones del Estado y a enviar un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en la sociedad dominicana. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del país, y la justicia debe prevalecer por encima de cualquier interés político o personal.
