La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron una acusación formal contra miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres presuntamente liderada por Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y su esposa Rosa Amalia Pilarte López. Los acusados son Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, quienes aparentaron ser los socios de esta empresa, propietaria de veinte inmuebles valuados en RD$183,386,000.00, incluida la mansión donde reside la familia de Miguel Arturo López Florencio.
La acusación, presentada ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar la adquisición de los bienes inmuebles ni los movimientos exorbitantes de dinero de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, que recibió entradas de dinero por RD$250,712,602.65 entre 2015 y 2019, para un total de RD$434,098,604.65. El Ministerio Público identificó violaciones a diversas leyes en las acciones de los acusados, incluyendo la Ley 155-17, la Ley 83-02 y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales a cargo de la investigación confirmó la individualización de cada acusado, así como la relación entre ellos, a través de pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales recabadas durante la etapa de investigación. Los inmuebles identificados en la investigación fueron incautados y se solicita su decomiso para un eventual juicio. El fiscal investigador señaló que la investigación se realizó de acuerdo con la normativa vigente y que la acusación presenta pruebas contundentes que vinculan a los acusados con los hechos.
El Ministerio Público informó que se encuentran en curso juicios relacionados con estas acusaciones, incluyendo el caso de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, quien enfrenta un proceso penal por lavado de activos provenientes del narcotráfico. La defensa de la diputada ha incorporado cientos de pruebas que justifican el origen lícito del dinero en cuestión y el juicio en su contra ha sido aplazado para el 22 de marzo. El MP también ha realizado incautaciones en La Vega en el marco del caso Miky López y continúa trabajando en la investigación y persecución de actividades ilícitas relacionadas con lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
