La Procuraduría General de la República y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación han firmado un convenio para implementar la firma digital en el Ministerio Público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y calidad del servicio. Esta implementación no solo significa un avance administrativo significativo, sino que también generará un ahorro económico anual de más de 41 millones de pesos para la entidad.
En una primera etapa, la firma digital se implementará en los documentos de la Fiscalía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Actualmente, se firman anualmente en la Fiscalía del Distrito Nacional alrededor de 150 mil documentos con firma manuscrita, lo que supone un gasto anual de aproximadamente RD$26,550,000, y en el INACIF se firman unos 90 mil documentos anuales con firma manuscrita, con un gasto anual de unos RD$15,930,000.
La implementación de la firma digital en estas entidades permitirá un significativo ahorro económico, ya que el costo unitario de una firma manuscrita es de RD 177 pesos, mientras que una firma digital solo cuesta RD 5 pesos. Además de este ahorro, la firma digital agilizará los procedimientos administrativos y garantizará un mejor servicio al ciudadano. Este acuerdo entre la PGR y la OGTIC marca un hito en la colaboración interinstitucional y en la modernización tecnológica de los servicios públicos.
El director general de la OGTIC destacó que esta transformación no solo traerá beneficios financieros, sino también en términos de eficiencia y tiempo. La implementación de la firma digital permitirá que documentos que antes se debían enviar por mensajero puedan ser enviados digitalmente con la misma validez legal que una firma manuscrita. Esta mejora en los procesos beneficiará a todos los ciudadanos dominicanos al agilizar la gestión y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
La OGTIC ha logrado implementar la firma digital en el 50% de las instituciones públicas, lo que representa a más de 175 entidades utilizando este servicio para gestionar sus trámites y procedimientos administrativos. La Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales avala el uso y validez de la firma digital, definiéndola como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar su autenticidad y que no ha sido modificado. Así, la implementación de la firma digital en el Estado dominicano promete agilizar y modernizar los procesos administrativos y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
