Miembros del Movimiento Reconocido protestaron frente al Palacio Nacional el pasado lunes, exigiendo ser escuchados tras 11 años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. La consigna “Si no soy dominicano, Abinader tampoco” no está dirigida como un insulto al presidente Luis Abinader, sino como un recordatorio de sus propias palabras cuando era candidato presidencial, expresando que él también podría ser afectado por la sentencia por ser hijo de inmigrantes.
La sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional en 2013, cambió el principio de ius soli en la República Dominicana y estableció que no se reconocería la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos a partir de 1929. Esta medida fue considerada arbitraria y basada en criterios raciales y étnicos contra personas de origen haitiano. El fallo fue en respuesta a un recurso de amparo presentado por Juliana Deguis Pierre, una mujer de ascendencia haitiana, que había sido negada de su documento de identidad desde 2007.
Debido a la sentencia, miles de personas se encuentran en una condición de apatridia en la República Dominicana, sin nacionalidad efectiva. Esto ha causado que sus vidas estén detenidas, impidiéndoles declarar a sus hijos, trabajar formalmente, casarse, abrir cuentas bancarias, entre otros aspectos. El movimiento exige a las autoridades dominicanas el cumplimiento de la Ley de Naturalización Especial, aprobada en 2014, la apertura de las oficinas del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y el reconocimiento de la nacionalidad a todas las personas afectadas por la sentencia.
Manuel de Jesús Dandré, abogado e integrante de Dominican@s por Derecho, explicó que con la consigna durante la protesta se buscaba recordarle a Abinader sus propias palabras sobre la posibilidad de ser afectado por la sentencia, ya que también es hijo de inmigrantes. Ana Beatriz Rosario, vocera de la organización, detalló que se está haciendo una comparación entre las personas afectadas por la sentencia, que son de origen haitiano, al igual que Abinader expresó que podía estar en esa misma condición.
El movimiento denuncia que las personas afectadas por la sentencia tienen sus vidas detenidas, sin poder ejercer sus derechos a pesar de tener el derecho a la nacionalidad según la Ley de Naturalización Especial. Por lo tanto, exigen que se resuelva esta situación y que se cumpla con lo establecido legalmente. Además, critican que las autoridades dominicanas no han tomado medidas suficientes para resolver este problema, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre y falta de documentación.