Hoy, los legisladores juramentados el 16 de agosto deben presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas (CCRD) para cumplir con la legislación establecida. Hasta el 11 de septiembre, solo 20 de los 190 diputados y cuatro de los 32 senadores habían notificado su declaración para revisión, y 222 legisladores en total se habían registrado en la plataforma digital, con 111 interacciones para los fines correspondientes.
Algunos congresistas se quejaron la semana pasada de las complicaciones para completar el proceso debido a la cantidad de información requerida. La Ley 311-14 sobre Declaración de Patrimonio establece que los funcionarios públicos deben presentar su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión. Para ello, deben activar un registro en la plataforma digital de la Cámara de Cuentas, completar un formulario y adjuntar la documentación correspondiente para luego presentarla físicamente una vez validada por los analistas.
En 2021, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0405/21, que señala que la presentación de la declaración jurada no es suficiente, sino que las autoridades competentes deben verificar la información recabada para detectar inconsistencias, irregularidades, omisiones y conflictos de intereses que puedan llevar a enriquecimiento ilícito. Esta medida no solo busca detectar problemas, sino también prevenir futuras infracciones por parte de los funcionarios y servidores públicos.
El cumplimiento de la declaración jurada de patrimonio es un proceso importante para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. Los funcionarios deben cumplir con los plazos y procedimientos establecidos por la ley para evitar posibles conflictos de interés o enriquecimiento ilícito. Es fundamental que los legisladores cumplan con este requisito de manera oportuna y completa para evitar sanciones o problemas legales en el futuro.
El proceso de presentación de la declaración de patrimonio implica seguir una serie de pasos específicos a través de la plataforma digital de la Cámara de Cuentas. Los funcionarios deben completar el formulario y adjuntar la documentación requerida para que pueda ser validada por los analistas correspondientes antes de su presentación física. Este procedimiento es parte de las medidas establecidas para garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública en la República Dominicana.
En conclusión, el plazo para la presentación de la declaración jurada de patrimonio por parte de los legisladores juramentados el 16 de agosto vence hoy. Es importante que cumplan con este requisito de manera oportuna y completa para evitar posibles problemas legales en el futuro. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en el ejercicio de la función pública, y el cumplimiento de la ley en este aspecto es crucial para garantizar la integridad y la legalidad en las instituciones del Estado dominicano.