El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sigmund Freund, denunció a la Junta Central Electoral alegando que el partido opositor Fuerza del Pueblo violó la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23 al publicar una encuesta a tres días de las elecciones. Según la ley, durante los ocho días previos a la votación, está prohibida la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales. La denuncia solicita una sanción de doscientos salarios mínimos para el Partido Fuerza del Pueblo por esta violación.
La comisión encargada de llevar la denuncia a la JCE, integrada por representantes del PRM, señaló que la encuesta en cuestión fue realizada por el consultor Dick Morris y que su publicación constituye una clara violación a las reglas establecidas en la ley 20-23. Se mencionó que las publicaciones de la encuesta realizadas en redes sociales buscaban influir en la población dominicana para que votara por el partido en cuestión, lo cual se considera una práctica desleal y violatoria de principios constitucionales como el voto libre de coerción o incitación.
La denuncia también menciona que está permitida la publicación de encuestas realizadas siempre y cuando se cumplan con estándares aceptados sobre la materia. Asimismo, se destaca que las encuestadoras certificadas pueden realizar sondeos a boca de urna, pero deben ser depositados en la Junta Central Electoral en sobres cerrados y sellados antes de divulgar los resultados. Además, se menciona que las encuestas favorables a un partido en específico pueden constituir una violación a la ley electoral y a los principios democráticos.
El PRM instó a la JCE a iniciar procedimientos sancionadores y a condenar al partido Fuerza del Pueblo a pagar la sanción máxima establecida en la ley 20-23, que corresponde a doscientos salarios mínimos. Se resaltó la importancia de mantener la transparencia y la equidad en el proceso electoral, así como el respeto a las normas establecidas para garantizar una competencia justa entre los partidos políticos. Esta denuncia pone de relieve la importancia de respetar los plazos y reglas establecidas en las leyes electorales para evitar situaciones que puedan perjudicar la integridad del proceso democrático.
