Tres comisiones del Senado de México han comenzado el análisis de una histórica reforma energética que propone permitir a la iniciativa privada explorar y explotar crudo en el país, algo que estuvo prohibido durante más de siete décadas. A pesar de la oposición de legisladores izquierdistas, los partidos oficialistas y conservadores defienden la propuesta argumentando que es necesaria para fortalecer el sector energético de México, la segunda economía de Latinoamérica. La reforma permitiría al gobierno conceder contratos de exploración y extracción de petróleo y gas natural a empresas nacionales y extranjeras, abriendo la posibilidad a gigantes trasnacionales como Exxon y Chevron.
La iniciativa, promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), propone reformar tres artículos de la Constitución para permitir la concesión de licencias de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la posibilidad de otorgar contratos de utilidad y producción compartida a empresas. Desde la nacionalización de la industria petrolera en 1938, la exploración y producción de crudo ha estado exclusivamente en manos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal. Sin embargo, la reforma propone que Pemex compita con ciertas preferencias, como la elección de los campos en los que participará.
Los defensores de la reforma argumentan que es imperativa para el país, ya que la producción de crudo ha disminuido y la capacidad técnica y económica de Pemex no es suficiente para extraer los hidrocarburos necesarios. Aseguran que el petróleo seguirá siendo propiedad de los mexicanos y que la reforma solo busca fortalecer al sector energético. Sin embargo, la izquierda ha manifestado su oposición, considerando que la reforma busca privatizar la industria petrolera para beneficiar a empresas extranjeras, principalmente estadounidenses. Consideran que no es necesario modificar la Constitución, sino fortalecer a Pemex mediante leyes secundarias.
La propuesta de reforma va más allá de lo presentado originalmente por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto, incluyendo acuerdos para compartir utilidades y producción, además de otorgar licencias. En México, la producción de crudo ha disminuido desde 2004 y actualmente se sitúa en alrededor de 2,5 millones de barriles al día. Durante el debate en el Senado, la izquierda ha argumentado que los contratos y licencias que propone la reforma son una forma encubierta de privatización, al permitir la entrada de capital privado en la cadena de producción que actualmente está en manos de Pemex.
Las comisiones del Senado tienen previsto discutir el proyecto durante varios días antes de someterlo a votación y pasarlo al pleno, donde los oficialistas y conservadores podrían contar con el apoyo de partidos minoritarios para lograr la aprobación. Mientras tanto, las instalaciones de la cámara alta se encuentran protegidas por vallas metálicas y cientos de policías debido a las protestas de seguidores de la izquierda que se oponen a la reforma. El debate continuará en los próximos días, en medio de divisiones y tensiones políticas en torno a la propuesta de reforma energética en México.
