La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó ayer eliminar la medida de arresto domiciliario y el uso de brazalete colocado al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral. El tribunal, presidido por Pedro Sánchez e integrado por Daniel Nolasco y Nancy Joaquín, tomó la decisión al acoger un pedimento presentado en ese sentido por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). La defensa del imputado había pedido al tribunal la variación de la medida de coerción y que, en consecuencia, levantara la prisión domiciliaria y quitara el brazalete electrónico. Cáceres Silvestre estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero le variaron la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.
En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo. El caso, que incluye a unos 30 policías y militares, está en etapa de juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, pero por los constantes aplazamientos de las audiencias no se ha podido avanzar. En el caso Coral también figuran como acusados la pastora Rossy Guzmán, su Tanner Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien se encuentra en arresto domiciliario en una dirección confidencial proporcionada por el Ministerio Público para salvaguardar su seguridad.
En la Operación Coral 5G, derivada de Coral, están acusados los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola, así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón. También están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. El caso ha generado gran controversia en la República Dominicana debido a la implicación de altos mandos militares y policiales en actos de corrupción. A pesar de los constantes aplazamientos en las audiencias, se espera que el juicio avance y se pueda llegar a una resolución definitiva en el caso Coral y la Operación Coral 5G.
La decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación de mantener la medida de arresto domiciliario y el uso de brazalete al exjefe del Cusep, Adán Cáceres Silvestre, parece indicar que las autoridades están comprometidas con la lucha contra la corrupción y la impunidad. La negativa a levantar la medida de coerción también refleja la seriedad con la que se está tratando este caso en particular. Con la participación de varios fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se espera que se haga justicia y se llegue a una conclusión satisfactoria en este proceso legal. La presencia de tantos implicados, incluidos altos mandos militares y policiales, indica la gravedad de las acusaciones y la importancia de esclarecer la verdad en este caso.
El hecho de que el juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se haya visto afectado por constantes aplazamientos puede generar frustración entre la población que espera ver una pronta resolución en este caso de corrupción tan sonado. A pesar de los obstáculos, es fundamental que se respete el debido proceso y se asegure que todos los involucrados tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas de defensa. La transparencia en el manejo de este caso es crucial para restaurar la confianza en las instituciones públicas y demostrar que la corrupción no será tolerada en la República Dominicana. Con la presencia de testigos clave en arresto domiciliario y medidas de seguridad adicionales, se espera que se garantice la protección de aquellos que colaboran con las autoridades para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
