Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitieron su fallo en el caso de Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland. El Ministerio Público solicitó una condena de 10 años de prisión, el pago de 50 salarios mínimos y las costas del proceso, además de la destrucción de material utilizado fraudulentamente por la acusada.
Los abogados querellantes solicitaron la reparación de los daños morales, económicos y psicológicos sufridos por los padres y víctimas menores de edad. Uno de los abogados pidió a Silverio pagar 2 millones de pesos por los daños causados, mientras que otro solicitó la pena máxima de 10 años de prisión y el pago de 10 millones de pesos a favor de cada uno de los querellantes y víctimas menores.
Se resaltó la gravedad del daño emocional y psicológico causado a los menores y sus familias, enfatizando que el engaño perpetrado por Silverio generó una confianza indebida en las víctimas. Se pidió al tribunal que rechazara cualquier intento de suspensión condicional de la pena por parte de la defensa, argumentando que el impacto negativo de las acciones de Silverio era significativo.
Elizabeth Silverio está acusada de presentarse falsamente como profesional de la salud ante los padres de los menores, valiéndose de documentos falsos para ofrecer servicios de psicoterapia, consultas y evaluaciones, y emitir informes con recomendaciones para terapias. Se utilizó un sello falso para firmar diagnósticos, causando daño a los menores con Trastorno del Espectro Autista que dependían de su atención especializada.
La acusación se basa en la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la Ley de Salud Pública y el Código de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. La decisión del tribunal en este caso sienta un precedente importante en el país en relación con la usurpación de funciones y el daño causado a menores y sus familias por este tipo de acciones fraudulentas.
En resumen, el caso de Elizabeth Silverio Silien ha generado gran atención en la sociedad dominicana debido a la gravedad del engaño perpetrado y el daño causado a los menores y sus familias. La condena a 10 años de prisión y el pago de indemnizaciones a los afectados son medidas importantes para hacer justicia en este caso. Es necesario reforzar la regulación y supervisión en el ámbito de la salud para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.