La jueza Stephanie Santiago Reyes impuso la prisión preventiva como medida de coerción a los cabecillas de una red que traficaba con haitianos, declarando el proceso de tramitación compleja. Entre los imputados se encuentran José Andrés Cabrera Francisco, Enmanuel Jiménez González, Carlos Bladimir Cuevas Peña, Ricardo Francisco Martínez González, Ramona Salvadora Tapia Flores y Jeffrey Alberto Felipe Acevedo. Los acusados permanecerán encarcelados en dos centros de corrección y rehabilitación, mientras que se impusieron garantías económicas, prohibición de salir del país y presentación periódica a otros tres imputados.
La organización criminal empleaba diversas maniobras para evadir la justicia y traer personas indocumentadas desde Haití a territorio dominicano, llevándolas a diferentes lugares en Santiago donde eran escondidas. La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas llevaron a cabo investigaciones para identificar a los miembros de la estructura y establecer sus roles en la organización. Con la ayuda de la Policía Nacional, identificaron las rutas utilizadas por esta red criminal para el tráfico de personas en condición irregular.
Los traficantes exigían pagos de entre $8,000 y $17,000 pesos por persona para llevarlos ilegalmente a territorio dominicano. Las autoridades han destacado que con la desarticulación de esta red se ha dado un golpe contundente a uno de los delitos más graves que violan los derechos humanos fundamentales de las personas. A través del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas también se cometen otros delitos igualmente perturbadores, como la explotación sexual y comercial.
Las medidas de coerción impuestas se basan en cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. Además, se presentaron cargos adicionales contra Carlos Bladimir Cuevas Peña por violentar varios artículos de la Ley 137-03 y de la Ley 155-17. La Fiscalía y la Procuraduría Especializada han reiterado su compromiso de combatir estos delitos y proteger los derechos de las personas afectadas por estas acciones criminales.
Las autoridades han destacado la importancia de desarticular estas redes criminales que trafican con personas, ya que no solo violan la ley, sino que también vulneran los derechos fundamentales de los individuos involucrados. Con la imposición de la prisión preventiva y otras medidas de coerción a los implicados en esta red, se busca enviar un mensaje claro de que este tipo de acciones no serán toleradas en la sociedad dominicana. Se espera que con el trabajo conjunto de las instituciones pertinentes se pueda combatir de manera efectiva este tipo de delitos y proteger a la población vulnerable de ser explotada y traficada.
