La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un criterio de oportunidad en el caso Calamar, a favor de dos personas involucradas. Baldemar Andriw Ovalle Sánchez devolvió casi RD$40 millones al Ministerio Público y se levantó el arresto domiciliario contra Alejandro Constanzo, dejando otras medidas de coerción. La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) aplicó el criterio de oportunidad tomando en cuenta la colaboración de los investigados en el proceso Operación Calamar. Ovalle Sánchez entregó RD$32 millones de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República, como parte del acuerdo.
En el caso Calamar, se acordó la aplicación del artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que permite realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad a cambio de su colaboración en la investigación del hecho punible. Ovalle Sánchez actuaba como prestanombre del electo senador de Azua, Rafael Calderón, en la expropiación de terrenos y distracción de fondos públicos. Además, se decomisó a Peña Hernández la cantidad de RD$1,780,000 en favor del Estado dominicano, como parte de su colaboración en la investigación.
El Ministerio Público definió el caso Calamar como un "holding criminal", una estructura montada para desfalcar al Estado dominicano por RD$41,185,964,839.76 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina. Los pagos irregulares se realizaron por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos para la campaña política del 2020. Los principales imputados en este caso incluyen a exministros y otras personas relacionadas con los hechos de corrupción.
La coordinadora de litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz, destacó la importancia de la colaboración de los investigados en el caso Calamar para la aplicación del criterio de oportunidad. Esto permitió la devolución de grandes sumas de dinero de manera voluntaria al Ministerio Público, como parte de los acuerdos alcanzados. La jueza Altagracia Ramírez aprobó la solicitud de homologación del criterio de oportunidad a favor de los implicados, levantando algunas medidas de coerción en contra de ellos.
El escándalo de corrupción en el caso Calamar ha involucrado a varios funcionarios y personas relacionadas con el gobierno anterior. Los pagos irregulares y sobornos para la campaña política han generado una suma millonaria de dinero desviado del Estado dominicano. La colaboración de los acusados en la investigación ha sido clave para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y la recuperación de fondos para el Estado. La aplicación de criterios de oportunidad ha permitido alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes en este proceso judicial.
