La PGASE ha presentado formalmente una acusación contra Regino Martín Aza Ovalle por fraude al sistema eléctrico por un monto que supera los 50 millones de pesos en República Dominicana. Aza Ovalle es el propietario de la empresa Agua Purificada Luz, donde se descubrió la existencia de conexiones irregulares directas en media tensión en siete transformadores, con un consumo de 53.9 amperios cada uno. A través de esta actividad ilegal, se estima que se sustrajo una cantidad de energía equivalente a 52,906,599.60 pesos, según una tasación realizada por la distribuidora de electricidad y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
Este acto delictivo constituye una violación a varios artículos de la Ley 125-01, General de Electricidad, modificado por la Ley 186-07, que incluye el atentado contra el Sistema Eléctrico Nacional y el fraude eléctrico. Todo esto en perjuicio de la empresa EDEESTE, S.A., y el Estado Dominicano. La PGASE ha presentado ante los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional un requerimiento de apertura a juicio contra Aza Ovalle por su participación en esta actividad fraudulenta. Este caso demuestra la importancia de combatir el fraude eléctrico y proteger los recursos del sistema eléctrico nacional.
En el proceso de investigación, se identificó que la empresa de Aza Ovalle contaba con conexiones irregulares directas en media tensión en varios transformadores, lo que permitió la sustracción ilegal de energía de manera considerable. La tasación realizada por la distribuidora y aprobada por la SIE estableció que el valor de la energía sustraída supera los 52 millones de pesos. Todo esto constituye un grave delito que afecta no solo a la empresa distribuidora de electricidad, sino también al Estado dominicano en su conjunto.
La PGASE ha actuado con contundencia al presentar una acusación formal contra el acusado y solicitar la apertura a juicio en este caso de fraude eléctrico por más de 50 millones de pesos. La empresa EDEESTE, S.A., se ha visto perjudicada por esta actividad ilegal que afecta directamente al sistema eléctrico nacional. Es fundamental que se tomen medidas para prevenir y combatir el fraude eléctrico, ya que este tipo de delitos impactan negativamente en la economía del país y en la estabilidad del suministro de energía para la población.
La PGASE ha destacado la importancia de investigar y sancionar este tipo de delitos para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del sistema eléctrico nacional. El fraude eléctrico afecta no solo a las empresas distribuidoras de energía, sino también al Estado y a la población en general. Es necesario fortalecer las medidas de control y vigilancia para prevenir este tipo de prácticas ilegales que perjudican a toda la sociedad. La presentación de esta acusación por parte de la PGASE es un paso en la dirección correcta para combatir el fraude eléctrico y proteger los recursos del sistema eléctrico nacional en República Dominicana.