En octubre de 2023, se detectaron presuntas irregularidades en la licitación realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó a la Procuraduría General de la República sobre estas irregularidades.
Once meses después, tras el caos generado en el tráfico por la falla de los semáforos, el Intrant tomó el control del sistema en la capital y rescindió el contrato con Transcore Latam, a pesar de que la DGCP lo había suspendido en 2023. Según Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, el Gobierno seguía recibiendo los servicios de la empresa para agotar un proceso jurídico que permitiría la disolución del contrato.
El jurista Julio Cury explicó que la empresa adjudicataria tenía derecho a recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo la suspensión del contrato por parte de la DGCP, pero hasta el momento Transcore Latam no ha tomado esta acción. Figueroa señaló que se realizó una auditoría para la liquidación del contrato, subrayando la visión transformadora del Gobierno para el transporte y la modernización del país.
El 27 de agosto, técnicos del Intrant descubrieron que Transcore Latam estaba reemplazando dispositivos y reguladores semafóricos sin autorización en el sistema de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Ante esta violación, el Intrant notificó a la empresa, pero en lugar de rectificar, Transcore cesó sus servicios, lo que causó caos vial en la ciudad.
Como consecuencia de la decisión de Transcore, se vio afectada la seguridad pública, provocando el incremento de intersecciones críticas afectadas en el Distrito Nacional. Ante esta crisis, el Intrant decidió intervenir directamente los semáforos por primera vez desde el contrato firmado con la empresa. La situación generó críticas y cuestionamientos sobre la gestión del contrato y los desembolsos realizados.
A pesar de la rescisión del contrato y la auditoría realizada, se continúan investigando las presuntas irregularidades en la licitación con Transcore Latam. La situación pone en evidencia la importancia de la transparencia en los procesos de contratación pública y destaca la necesidad de garantizar la eficiencia y legalidad en la prestación de servicios relacionados con el transporte y la infraestructura vial.
