Estados Unidos impuso sanciones a 16 funcionarios venezolanos, incluidos miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, por proclamar falsamente la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Entre los sancionados se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, el secretario general del CNE, Antonio José Meneses, y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que en lugar de respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder.
Blinken también señaló que estas sanciones se suman a las ya existentes contra más de 200 individuos y entidades venezolanas que han violado los derechos humanos, socavado la democracia y participado en corrupción. Asimismo, enfatizó que Estados Unidos continuará tomando medidas para responsabilizar a los funcionarios que abusan de sus cargos y perpetúan la crisis en Venezuela. Las sanciones buscan presionar al régimen de Maduro para que restablezca la democracia y el respeto por los derechos humanos en el país.
El gobierno de Venezuela ha respondido a estas sanciones calificándolas como un acto de intervencionismo y una violación de la soberanía nacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, acusó a Estados Unidos de intentar imponer su voluntad sobre el pueblo venezolano y respaldar a la oposición que busca derrocar al gobierno legítimo. Arreaza afirmó que estas acciones solo buscan socavar la estabilidad política y económica del país, y que Venezuela continuará resistiendo y defendiendo su soberanía frente a cualquier agresión externa.
Por su parte, la Unión Europea ha manifestado su preocupación por la situación en Venezuela y ha instado al gobierno a respetar los principios democráticos y los derechos humanos. El bloque ha expresado su apoyo al proceso de diálogo en curso entre el gobierno y la oposición, con el objetivo de lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en el país. La Unión Europea ha reiterado su compromiso de seguir trabajando con todos los actores involucrados para promover una salida negociada y sostenible a la situación en Venezuela.
La comunidad internacional ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno de Maduro y ha instado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y restaurar la democracia en el país. Organizaciones como la ONU, la OEA y Amnistía Internacional han denunciado las violaciones de derechos humanos, la represión de la oposición y la falta de elecciones libres y justas en Venezuela. Han llamado a un proceso transparente y participativo que permita a todos los ciudadanos ejercer su derecho al voto de manera libre y segura, sin temor a represalias ni intimidación. La comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela y continúa presionando al gobierno de Maduro para que respete los principios democráticos y los derechos humanos de su población.