Los implicados en el caso Camaleón, que incluye a personas como Frank Díaz Warden, Carlos José Peguero Vargas, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, no recibirán prisión preventiva como medida de coerción y serán liberados de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los abogados informaron que el proceso de liberación se llevará a cabo el viernes debido a que ciertos trámites se realizan en horarios de oficina. La jueza Fátima Veloz indicó que algunos de los implicados tendrán que cumplir con medidas como garantía económica, impedimento de salida del país, presentación periódica y arresto domiciliario durante el resto del proceso, mientras que otros como Hugo Beras y José Gómez Canaan fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses.
Los siete implicados en el caso Camaleón enfrentan cargos de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, así como estafa contra el estado a través de contrataciones públicas beneficiando a empresas de Jochi Gómez como Transcurre LATAM. El tribunal declaró el caso como complejo debido a la gravedad de los delitos. En cuanto a los imputados, el coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant fue enviado a prisión preventiva, mientras que el director de Tecnología del Intrant recibió arresto domiciliario como medida de coerción.
Este caso ha generado polémica y repercusiones en la sociedad dominicana, dado el impacto que ha tenido en las instituciones públicas y en la percepción de corrupción en el país. Las acusaciones de delitos graves como el lavado de activos y la estafa contra el estado han despertado la indignación de la opinión pública y han puesto en cuestión la transparencia y la legitimidad de las contrataciones públicas. La medida de prisión preventiva impuesta a algunos de los implicados demuestra la gravedad de los delitos y la necesidad de llevar a cabo un proceso judicial exhaustivo.
Los abogados de los implicados en el caso Camaleón han manifestado su confianza en la inocencia de sus representados y han señalado que demostrarán su falta de responsabilidad en los delitos que se les imputan. Se espera que durante el proceso judicial se presenten pruebas y testimonios que aclaren la situación de cada uno de los acusados y que se pueda determinar su responsabilidad de manera justa y equitativa. La liberación de algunos de los implicados y la imposición de medidas como arresto domiciliario para otros reflejan la complejidad del caso y la necesidad de garantizar un proceso legal justo y transparente.
En medio de la controversia y la expectativa sobre el desarrollo de este caso, la sociedad dominicana sigue atenta a los detalles y avances en la investigación. La corrupción y los delitos relacionados con el lavado de activos son temas sensibles que afectan la confianza en las instituciones públicas y en la integridad de los funcionarios. Es fundamental que se lleve a cabo un proceso judicial imparcial y riguroso que permita esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados de manera justa. El caso Camaleón representa un desafío para el sistema judicial dominicano y para la lucha contra la corrupción en el país.
