En medio de investigaciones en torno al escándalo del contrato de los semáforos, siete personas han sido detenidas y enfrentan cargos relacionados con corrupción, crimen organizado y otros delitos. El Ministerio Público avanza en la preparación de la medida de coerción contra los involucrados, incluyendo a Jochi Gómez, exdirector del Intrant, y otros cinco detenidos durante la operación Camaleón. Se espera que se solicite prisión preventiva y que el caso sea declarado como complejo, debido a la gravedad de los delitos imputados.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa han acusado al grupo de pertenecer a una red dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y otros delitos. Los imputados se encuentran actualmente recluidos en un centro de privación de libertad en Ciudad Nueva y se espera que sean trasladados al tribunal para la imposición de la prisión preventiva. Durante los allanamientos realizados en diferentes ubicaciones, se incautaron evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público.
Se ha revelado que Hugo Beras, exdirector del Intrant, habría sido el “coautor y principal facilitador de la corrupción” en el manejo de la red semafórica y de videovigilancia. Se señala que Beras autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin capacidades técnicas requeridas. Otros implicados, como Frank Díaz Warden y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, habrían participado en la manipulación y adjudicación irregular de contratos, perjudicando al Estado. Jochi Gómez, considerado el principal beneficiario económico del esquema corrupto, enfrenta cargos por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos.
Durante los allanamientos se incautaron celulares, documentos y vehículos propiedad de los implicados. Las defensas de los detenidos están trabajando en su representación legal, y se espera que el proceso legal avance con la presentación de la medida de coerción ante el juez. Se han revelado detalles sobre la participación de cada uno de los acusados en la trama de corrupción y se espera que se esclarezcan los hechos durante el proceso judicial. La investigación también ha revelado la presunta implicación de los detenidos en sabotajes y desfalcos contra el Estado.
La orden de arresto emitida por la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional detalla las acusaciones contra cada uno de los implicados en el escándalo del contrato de los semáforos. Se señala que los detenidos formaban parte de una red dedicada a actos de corrupción y crimen organizado, que operaba en perjuicio del Estado dominicano. Las acusaciones van desde adjudicaciones fraudulentas de contratos hasta desfalcos millonarios y manipulación de licitaciones, revelando una trama de corrupción de gran magnitud que ha conmocionado a la opinión pública.
La defensa de los detenidos está siendo liderada por abogados especializados en casos de corrupción y crimen organizado, quienes están trabajando para representar a sus clientes de la mejor manera posible durante el proceso judicial. Se espera que se presenten nuevas pruebas y testimonios que respalden las acusaciones del Ministerio Público y que se pueda esclarecer la verdad detrás de este escándalo. La sociedad dominicana sigue de cerca el desarrollo de este caso, que ha puesto al descubierto la corrupción y el desfalco de fondos públicos en el país.
