La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) descubrió un caso desgarrador en la cárcel del Seibo, donde el Sr. Geraldo Luis estuvo encarcelado por más de diez años a pesar de tener una orden de libertad desde el 2014. Inicialmente asistido por un abogado privado que lo abandonó, enfrentó una larga espera en la prisión, dejando al descubierto las fallas del sistema judicial.
El Director de la Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, calificó como inaceptable que alguien pueda ser privado de su libertad de manera injustificada durante tanto tiempo. Este caso resalta las deficiencias en el sistema penitenciario, donde las personas más vulnerables son dejadas de lado y olvidadas, según una nota de prensa.
A pesar de cumplir con los requisitos legales para ser liberado, el Sr. Geraldo Luis no fue puesto en libertad debido a la falta de celeridad de las autoridades pertinentes, como la Fiscalía de Higüey, el director del centro penitenciario y el juez de ejecución de la pena. El Director Santos señaló que este caso no es aislado y que muchas personas en las cárceles sufren situaciones similares.
La Defensa Pública subraya la importancia de respetar los derechos constitucionales y procesales de cada individuo, como lo establece la Carta Magna y el Código Procesal Penal. Se comprometen a seguir vigilantes y activos en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario.
Este caso ha generado un debate sobre la necesidad de reformas en el sistema judicial para garantizar que no se repitan situaciones como la del Sr. Geraldo Luis. Se han planteado propuestas para agilizar los procesos de liberación y mejorar las condiciones de las cárceles, con el fin de garantizar un trato digno y justo para todos los reclusos.
La Defensa Pública continuará trabajando para que situaciones como la del Sr. Geraldo Luis no se repitan, abogando por la protección de los derechos de los más vulnerables y promoviendo la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos. Es fundamental que se tomen medidas concretas para mejorar el sistema judicial y garantizar que todos los individuos reciban un trato justo y equitativo.
