La crisis carcelaria en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos doce meses, con episodios de violencia entre bandas, motines y asesinatos de autoridades penitenciarias. Un ejemplo de esto es el asesinato a tiros de María Daniela Icaza, directora de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, la cárcel más grande, poblada y peligrosa del país. Este trágico suceso se suma a una serie de eventos graves que han sacudido el sistema carcelario ecuatoriano desde finales de 2020, incluyendo la fuga de líderes criminales, asesinatos de guardias y rehenes, y la militarización de las cárceles por orden del presidente Daniel Noboa.
Otro acontecimiento destacado fue el ataque con un dron bomba a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, La Roca, que obligó a desalojar el recinto y trasladar al líder de la banda Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, conocido como ‘Fito’. Además, se han registrado asesinatos de guardias carcelarios en diferentes prisiones del país, así como motines y fugas masivas de presos. Las bandas criminales han demostrado su poderío dentro y fuera de los centros penitenciarios, desafiando la autoridad del Estado y sembrando el caos en el sistema carcelario.
La respuesta del gobierno ante esta crisis ha sido la militarización de las cárceles y declarar un estado de excepción y "conflicto armado interno" contra el crimen organizado. Sin embargo, estas medidas han generado denuncias de violaciones a los derechos humanos y no han logrado contener la violencia en las prisiones. El presidente Noboa ha promovido reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, incluyendo mayores controles militares alrededor de las cárceles, pero los ataques contra autoridades penitenciarias y el personal de las prisiones continúan.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la grave crisis humanitaria en las cárceles ecuatorianas, denunciando la falta de acceso a agua potable, alimentos y atención médica adecuada para los presos. Además, se han registrado casos de fugas de presos con la ayuda de grupos armados externos, aumentando la inseguridad en las prisiones y poniendo en riesgo la vida de los funcionarios penitenciarios. Esta situación ha generado un clima de temor y desesperación entre la población carcelaria y ha puesto en evidencia la falta de control del Estado sobre el sistema penitenciario.
El asesinato de la directora de la Penitenciaría del Litoral es solo el último capítulo de una crisis carcelaria que parece no tener fin en Ecuador. La violencia, los motines y los ataques contra las autoridades penitenciarias continúan desestabilizando el sistema carcelario del país y poniendo en peligro la vida de quienes trabajan en él. Es urgente que las autoridades tomen medidas efectivas para restablecer el orden en las cárceles, proteger a los presos y garantizar la seguridad de los funcionarios penitenciarios. La sociedad ecuatoriana debe exigir una solución a esta crisis que afecta a miles de personas y que pone en riesgo la estabilidad y la paz en el país.
