La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Franklin Gabriel Contreras Parra por el asesinato de su expareja Ruth Esther Sosa Chacón. Según la solicitud de medida de coerción, Contreras habría estrangulado a su pareja en medio de una discusión en su residencia en Guachupita. Tras cometer el crimen, se fue de la casa y le comunicó a la madre de la víctima lo sucedido. El informe del Inacif determinó que Ruth Esther falleció por asfixia por estrangulamiento. El imputado cumplirá la coerción en la cárcel de Najayo en San Cristóbal.
Por otro lado, la primera sala de la Corte de Apelación denegó la libertad a Omayra Lugo Cruz, quien está imputada de violar a una menor de 5 años que posteriormente falleció junto a su madre en circunstancias aún no esclarecidas. Omayra guarda también prisión preventiva en Najayo por este caso. El voto mayoritario de las juezas determinó que la imputada continúe en prisión, a pesar del voto disidente de uno de los jueces que componen la sala.
En el caso de Franklin, se destaca que la víctima fue estrangulada en medio de una discusión, y el hecho fue comunicado a la madre de la mujer a través de un mensaje de WhatsApp. Por su parte, en el caso de Omayra, se le acusa de violar a una menor de 5 años, hija de una hermanastra que falleció junto a su hija en circunstancias trágicas. Ambos casos han generado conmoción en la opinión pública y exigen justicia por parte de los familiares de las víctimas.
La determinación de imponer prisión preventiva a Franklin y Omayra refleja la gravedad de los delitos que se les imputan. En el caso de Franklin, el informe del Inacif que determinó la causa de muerte de la víctima por estrangulamiento, respalda las acusaciones en su contra. Mientras que en el caso de Omayra, se destaca la presunta violación de una menor de edad, lo cual es un delito extremadamente grave y que ha generado indignación en la sociedad.
Es importante que se haga justicia en ambos casos y que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. La imposición de prisión preventiva a los acusados es un primer paso en el proceso judicial, pero es fundamental que se llegue a una conclusión justa y se apliquen las sanciones correspondientes según la gravedad de los delitos cometidos. La sociedad espera una respuesta contundente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia para las víctimas y sus familias.
