Laura Acosta, abogada de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), considera que su cliente es un chivo expiatorio en la operación Camaleón, donde se le acusa de ser coautor de una presunta red de corrupción por más de 1,300 millones de pesos relacionada con el contrato de modernización del sistema semafórico de Santo Domingo con empresas del empresario Jochi Gómez.
Acosta expresó su sorpresa ante la decisión de la jueza de imponer 18 meses de prisión preventiva a Beras, especialmente porque consideró extraña la presencia de jueces que se consideraban víctimas de espionaje por parte de Jochi en el tribunal durante la audiencia. A pesar de no tener pruebas, la abogada señaló la posibilidad de que haya intereses poderosos involucrados en el caso, pero afirmó que Beras apelará la medida.
Jochi, propietario de la empresa Aurix S.A.S., y Pedro Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico, también fueron enviados a prisión preventiva como parte de la operación. La magistrada a cargo del caso declaró la situación como compleja, y también están implicados otros individuos y empresas relacionadas con el contrato del Intrant con las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol.
Entre los señalados se encuentran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología, a quien se le impuso prisión domiciliaria e impedimento de salida; y Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del Intrant.
Laura Acosta, abogada.
