Hugo Beras, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ha sido acusado de corrupción por desviar fondos para que la empresa Transcore Latam obtuviera el control absoluto de la Red Semafórica. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa emitió una orden de arresto contra Beras y otros implicados, señalando que se utilizaron fondos provenientes de otra institución, gestionados a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia para financiar el contrato con la empresa.
Las auditorías realizadas por la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República respaldan la acusación de sobrevaluación del contrato. El costo original del proyecto de modernización de la red semafórica era de 104 millones de pesos, pero fue aumentado sin justificación a 1,200 millones, un incremento del 1,053%. Se señala que este aumento fue realizado bajo el mandato de Hugo Beras por la Dirección de Planificación y Desarrollo, dirigida por Erzsike Giselle Bobadilla Zimmermann.
La orden de arresto también menciona a Jochy Gómez como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos, controlando de manera fraudulenta los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de tres compañías. Se detalla que Hugo Beras impulsó el mecanismo de desvío de fondos para favorecer a la empresa de Gómez, quien se habría beneficiado de forma indebida de estos contratos. La investigación revela una serie de irregularidades en el proceso de contratación entre INTRANT y Transcore Latam, lo que ha generado un escándalo en el país.
El exdirector del INTRANT ha manifestado que intentó evitar este tipo de situaciones y ha negado su participación en actos de corrupción. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa parecen ser contundentes y respaldan las acusaciones en su contra. La situación ha generado controversia y preocupación en la opinión pública, ya que pone en entredicho la transparencia y legalidad en los procesos de contratación del gobierno.
Se destaca que la corrupción en instituciones públicas como el INTRANT es un problema recurrente en la República Dominicana, lo que refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir este tipo de situaciones. La sociedad civil y los organismos de control deben estar alerta y vigilantes para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y para el beneficio de toda la población. Es importante que se realicen investigaciones exhaustivas y se castigue a los responsables de actos de corrupción para asegurar la integridad y transparencia en la gestión pública.
