El Ministerio Público presentó una acusación contra los implicados en el caso Calamar, donde destacan los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, señalando que utilizaron seis instituciones públicas y el banco de Reservas para estafar al Estado con más de 21 mil millones de pesos. Se establecen alrededor de 21 características utilizadas por este "holding criminal" para cometer la supuesta estafa, incluyendo la creación de un programa de financiamiento para contratistas que sirvió como una mega operación de lavado de activos.
La acusación explica que los involucrados en este supuesto desfalco falsificaron documentación de otros ejecutivos del Estado para proceder a pagos irregulares por más de 21 mil millones de pesos. Se les acusa de utilizar esquemas empresariales tradicionales para llevar a cabo operaciones de lavado de activos a gran escala, falseando fechas de registros y firmas de contratos para lavar activos a través de empresas que recibieron grandes sumas del patrimonio público mediante contratos simulados.
Además de acceder a préstamos y créditos sin garantía, se les señala por falsear la declaración jurada de bienes con el fin de ocultar fondos ilícitos obtenidos. La acusación apunta a que los involucrados crearon necesidades de obtención de fondos e identificaron bienes declarados de utilidad pública sin pagar el justo precio, logrando que el Estado erogara fondos en base a maniobras fraudulentas que beneficiaban económicamente a los funcionarios públicos y particulares de la organización.
Se estableció que los implicados requerían a titulares de ministerios y direcciones generales listados de expedientes para autorizar pagos fraudulentos con instrucciones de ejecución acelerada. Se les acusa de crear una estructura con funcionarios de alto y medio nivel en distintas instituciones públicas para estafar al Estado y beneficiarse personalmente, así como de asociarse con profesionales en ejercicio privado para tramitar procesos irregulares y excluir herederos legítimos de títulos.
Los acusados también realizaban pagos millonarios sin cumplir requisitos y distraían pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditar la calidad de los reclamantes. La acusación indica que el 80% de los montos pagados por deudas administrativas a través de cesiones de crédito recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado corrupto, utilizando empresas de carpeta para cobrar los montos de las cesiones de crédito y desfalcar al Estado dominicano.
En el caso también están involucrados el excontralor general de la República, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, abogados y otros individuos. Se les acusa de crear una red de corrupción que involucraba funcionarios de varios niveles y técnicos en instituciones públicas, así como de realizar operaciones fraudulentas para estafar al Estado, lavar activos y beneficiarse personalmente. La acusación detalla diversas maniobras fraudulentas y esquemas utilizados para desfalcar al Estado dominicano a través de contratos simulados y pagos irregulares.
