El caso denominado Operación Calamar involucra a 46 imputados acusados de estafar y desfalcar al Estado Dominicano con más de RD$21,000 millones. Según el Ministerio Público, formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado. La entidad se encargaba de tramitar procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obteniendo duplicados de títulos y realizando falsificaciones de documentos públicos para excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales.
Los imputados en este caso también falsificaron documentaciones de otros ejecutivos del Estado para proceder al pago de los más de RD$21,000 millones de forma irregular. Incluso alteraron fechas de registro y firma de contratos para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público a través de contratos de negociación simulados. Obligaban a empresarios a ceder parte de sus contratos bajo amenazas de dejar de ser suplidores del Estado, utilizando esquemas empresariales tradicionales para operaciones de lavado de activos.
La "red de corrupción" identificada por el Ministerio Público obligaba a empresarios a firmar cesiones de créditos basadas en deudas imaginarias como condición para el pago. Crearon la necesidad de obtención de fondos e identificaron bienes declarados de utilidad pública cuyos dueños no habían recibido el justo precio, permitiendo que el Estado erogara fondos en base a maniobras fraudulentas que beneficiaban a funcionarios públicos y particulares. La cabeza de la mafia gubernamental requería a directores de instituciones como Obras Públicas listados de expedientes para autorizar pagos fraudulentos.
El Ministerio Público señala que los acusados formaron una estructura con funcionarios de diversos niveles dentro de instituciones públicas para estafar al Estado dominicano y beneficiarse personalmente. Utilizaban como intermediarios a altos directivos de las instituciones ejecutoras para realizar pagos fraudulentos. Entre los acusados se encuentran ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, exministro de Obras Públicas, ex contralor general de la República y exdirectores de entidades como el Consejo Estatal del Azúcar y el Catastro Nacional, así como exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
El caso Calamar cuenta con un extenso expediente de 3,662 páginas que incluye a 46 personas acusadas, 34 personas físicas y 12 personas jurídicas, respaldadas por más de 2,000 medios de prueba. La audiencia preliminar está fijada para el 17 de junio de este año. La operación utilizó instituciones como un "holding criminal" para llevar a cabo sus actividades ilícitas, generando daños significativos al Estado dominicano. La trama criminal mostraba una compleja red de corrupción que involucraba tanto a funcionarios gubernamentales como a particulares en la estafa y desfalco millonario.
