El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, informó que la Procuraduría y la Contraloría General de la República tienen un expediente abierto sobre miles de útiles escolares que serán triturados. Estos artículos fueron comprados en 2012 y han estado almacenados desde 2013 en el Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO) sin ser utilizados debido a que son considerados 'cuerpo del delito'.
Según Castro, al llegar al INABIE en noviembre de 2021, descubrieron que la unidad antifraude de la Contraloría General de la República había realizado una auditoría y determinó que los uniformes comprados estaban dañados y no cumplían con la ficha técnica de compra. A pesar de esto, se permitió su entrada provisional. El funcionario cuestionó por qué esta situación no se resolvió en cuatro años y explicó que la mercancía no puede ser descomisada ni regalada por ser considerada cuerpo del delito.
En relación a las recientes declaraciones de la exministra de Educación, Josefina Pimentel, quien aclaró que la licitación de los útiles escolares fue por 40 millones de pesos, no por los 100 millones mencionados por Castro, el director de INABIE mencionó que Pimentel fue quien compró la mercancía. Aunque aseguró que no está acusando a Pimentel de ser responsable de la situación, señaló que emitió la orden de compra y se pagó un anticipo de 40 millones de pesos. Las declaraciones de Castro se dieron en una entrevista en el programa televisivo "El Día".
Pimentel respondió negando que durante su gestión en el Ministerio de Educación (Minerd) se hayan aceptado y pagado útiles escolares de mala calidad contratados mediante licitación pública nacional. Aseguró que durante su mandato se abrió la licitación, se adjudicó, se recibieron muestras y se rechazaron por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. Señaló que ella realizó el proceso de licitación, pero no autorizó la recepción definitiva de los materiales de mala calidad.
En la misma línea, Pimentel sostuvo que se resistió a darle entrada a los útiles escolares de mala calidad debido a que no cumplían con las especificaciones y la calidad requerida. Afirmó que la responsabilidad de su gestión fue abrir el proceso de licitación y rechazar los materiales que no cumplían con los estándares establecidos. La exministra negó haber aceptado y pagado por útiles escolares deficientes durante su tiempo en el Minerd.