El influencer Cristhian Nieto y su esposa Nicole Burgos fueron asesinados a tiros en la ciudad costera de Manta, Ecuador, mientras acudían a una función circense. Ambos eran influyentes en redes sociales y se encontraban en el evento como organizadores en homenaje al Día del Niño. El periodista Josué Suárez también resultó herido durante el tiroteo que ocurrió justo cuando decenas de personas, incluyendo niños, estaban ocupando sus asientos en el circo.
Este trágico crimen se suma a una serie de asesinatos de figuras públicas en Ecuador en los últimos años. En marzo, Brigitte García, alcaldesa de San Vicente, fue asesinada a tiros a pesar de regir un estado de excepción en Manabí. García, militante del movimiento Revolución Ciudadana, fue considerada la alcaldesa más joven del país. Además, Diana Carnero, concejal de Naranjal, fue asesinada en febrero en medio de un estado de excepción a nivel nacional.
El presidente Daniel Noboa declaró un estado de excepción y un conflicto armado interno en enero para hacer frente a la violencia desatada en las cárceles y calles del país, atribuida a grupos del crimen organizado. Identificó a 22 grupos del crimen como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. El gobierno implementó el 'Plan Féénix' para recuperar el control de las prisiones, escenario de numerosas masacres carcelarias que han dejado a más de 450 presos asesinados desde 2020.
La violencia en Ecuador ha llevado al país a ser uno de los más peligrosos de la región, con altas tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes. En abril, se llevó a cabo un referéndum y consulta popular en el que los ecuatorianos aprobaron que las Fuerzas Armadas puedan participar en acciones de seguridad interna para apoyar a la Policía en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de recurrir a estados de excepción.
Los trágicos asesinatos de figuras públicas como Cristhian Nieto y Nicole Burgos, así como de políticos como Brigitte García y Diana Carnero, son un reflejo de la violencia creciente en Ecuador, atribuida a grupos del crimen organizado. El gobierno ha implementado medidas como el estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interna para intentar controlar la situación y reducir los altos índices de criminalidad en el país.
