Participación Ciudadana presentó el Primer Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, en el que se analizan cuatro casos emblemáticos de corrupción en la República Dominicana: Anti Pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, y Calamar. Estos casos son considerados emblemáticos debido a la gravedad de los hechos denunciados y la importancia de que se tomen decisiones de fondo sobre los imputados. Se destaca que estos casos han sido instrumentados durante una gestión cuestionada, lo que ha llevado a que algunos de ellos queden impunes.
Los casos analizados incluyen grandes sumas de dinero, una gran cantidad de implicados y miles de pruebas y testigos que deben ser conocidos en los tribunales para poner fin a la impunidad. Estos casos representan una larga historia de corrupción en el país, y Participación Ciudadana ha estado siguiendo de cerca su evolución en el sistema judicial. La lentitud y dilaciones en el proceso judicial representan un riesgo de que la acción penal se extinga por la falta de una decisión sobre el fondo de los casos.
El caso Antipulpo, que implica la sustracción de fondos públicos por más de RD$4.7 mil millones, se encuentra actualmente en la fase de presentación de pruebas en la audiencia de fondo. El caso Coral y Coral 5G, que involucra estafas al Estado por más de RD$4,500 millones a través de nombramientos irregulares, ha iniciado la fase de juicio de fondo pero ha sido objeto de múltiples aplazamientos. El caso Medusa, en el que se acusa al ex procurador general Jean Alain Rodríguez y otras personas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones, ha sido enviado a juicio de fondo.
El caso Calamar, que implica una distracción de fondos públicos por más de RD$41,000 millones, se encuentra en la fase intermedia de la audiencia preliminar. Es importante destacar que el plazo máximo de duración de un proceso judicial en la República Dominicana es de 4 años a partir de las medidas de coerción, pero este plazo no incluye las dilaciones indebidas. La sociedad dominicana debe estar atenta a la evolución de estos casos y asegurarse de que se llegue a una conclusión justa y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Es fundamental que el Ministerio Público y las defensas aporten todos los elementos de prueba al debate contradictorio en los tribunales, de acuerdo con el principio de libertad probatoria establecido en la ley. Los acuerdos con el Ministerio Público, como los criterios de oportunidad o los procedimientos abreviados, deben ser considerados como medios de prueba válidos, y la colaboración de los implicados en estos acuerdos debe ser tenida en cuenta por los tribunales. La lucha contra la corrupción en la República Dominicana requiere un proceso judicial transparente y eficiente que garantice la rendición de cuentas y la justicia para todos los ciudadanos.
