El presidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, Janel Ramírez, destacó la importancia de la nueva normativa aprobada y promulgada por el presidente Luis Abinader, que sienta las bases para el fortalecimiento institucional de la entidad. La ley 18-24 establece a la Cámara de Cuentas como el órgano superior del sistema nacional de control y fiscalización del Estado, definiendo claramente sus funciones administrativas y su papel en la supervisión de los fondos públicos.
La nueva normativa busca adaptar la Cámara de Cuentas a los cambios actuales, fortaleciendo su régimen sancionador, su carácter técnico institucional y los principios de la carrera administrativa especial. Asimismo, establece criterios y disposiciones para la gobernabilidad orgánica e institucional, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado uso de los fondos públicos. Ramírez enfatizó el compromiso de la entidad con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de un eficaz control y fiscalización de los recursos.
La ley 18-24 clarifica el rol del órgano deliberativo y del líder de la entidad, garantizando una mayor institucionalidad y permitiendo que la Cámara de Cuentas pueda cumplir con su función histórica de manera efectiva. La normativa incorpora más de 20 numerales relacionados con el aspecto sancionador, alineándose con el mandato constitucional y los principios fundamentales de la ley. Ramírez mencionó que se está trabajando en la implementación de "auditorías de la nueva era", que permitirán la conectividad a los sistemas de información del Estado para monitorear en línea los hechos económicos relacionados con la gestión de los fondos públicos.
El presidente de la Cámara de Cuentas anticipó que la institución exhibirá una transformación significativa en beneficio de la ciudadanía, gracias a la aprobación de la nueva ley. Se espera que esta actualización normativa mejore la eficacia y la transparencia de la entidad, fortaleciendo su rol como órgano superior de control y fiscalización del Estado. La incorporación de tecnología y enfoques especializados en la gestión de fondos públicos será fundamental para lograr una supervisión más eficaz y garantizar el uso adecuado de los recursos en beneficio de la nación.