José Gómez-Canaán, conocido como Jochi Gómez, fue trasladado a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser interrogado por su presunta participación en una red de corrupción y crimen organizado que incluye desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo. Su abogado, Carlos Balcácer, negó las acusaciones y afirmó que no existen pruebas suficientes para justificar una condena de hasta 100 años de cárcel, incluso señalando que las autoridades estaban buscando una caja roja que supuestamente contenía el virus Pegasus, algo que considera inexistente. El caso, denominado "Operación Camaleón", involucra a varios funcionarios y exfuncionarios, incluyendo a Hugo Beras y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda.
Además de Jochi Gómez, en la "Operación Camaleón" también se encuentran detenidos Hugo Beras, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo y el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones propias de organismos de inteligencia y seguridad.
La investigación también incluye un caso de sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto, lo que demuestra la magnitud de las actividades ilícitas de esta red. La PGR ha calificado este caso como una operación compleja y ha destacado la gravedad de los delitos imputados a los involucrados. Este escándalo de corrupción y crimen organizado ha generado una gran controversia en la sociedad dominicana, que exige justicia y transparencia en el manejo de los asuntos públicos. El caso de Jochi Gómez y sus colaboradores destaca la importancia de combatir la corrupción en todas sus formas para garantizar un Estado de derecho sólido y una sociedad justa y equitativa.
Las autoridades han destacado la importancia de este caso como un hito en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, señalando que se aplicará la ley con total rigor para castigar a los responsables de estos actos delictivos. La colaboración entre instituciones gubernamentales y la sociedad civil es fundamental para erradicar este tipo de prácticas corruptas que perjudican el desarrollo del país y el bienestar de sus ciudadanos. Se espera que este caso siente un precedente importante en la lucha contra la corrupción en la isla caribeña y contribuya a fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
En medio de este escándalo, la sociedad dominicana se encuentra dividida entre aquellos que apoyan las acciones de las autoridades para investigar y castigar la corrupción y aquellos que muestran escepticismo y desconfianza hacia el sistema judicial. Sin embargo, es fundamental mantener la esperanza en la justicia y en que se llevará a cabo un proceso transparente y justo para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos. La presión de la opinión pública y de las organizaciones de la sociedad civil es clave para asegurar que la lucha contra la corrupción se mantenga firme y que se logren resultados tangibles en la persecución de estos delitos.
