La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) citó a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), presidente de Transcore Latam, SRL, para ser interrogado sobre el contrato para la gestión de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, entre la empresa y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Se requirió su presencia junto a su abogado en la cuarta planta del edificio que alberga la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia, como parte de las diligencias de investigación.
El empresario había declarado previamente que se presentaría ante la justicia dominicana para defender su dignidad, afirmando que enfrentará a quienes sea necesario para hacerlo. Señaló que durante los últimos 12 años han intentado proyectarlo como un villano y que su silencio ha permitido que se utilice su nombre de manera irresponsable. También expresó su indignación al ser padre de familia y ver cómo personas del Estado están falsificando documentos y creando situaciones complicadas.
En relación a la situación, Hugo Beras, también involucrado en el caso, explicó por qué no había hablado antes sobre el contrato entre INTRANT y Transcore Latam. Afirmó que intentó evitar lo que está sucediendo actualmente con la empresa y el escándalo relacionado con el contrato. Beras, al igual que Gómez, se ha visto envuelto en una controversia que ha generado polémica en República Dominicana.
La citación de Jochi Gómez por parte de la PEPCA es parte de las investigaciones en curso sobre el contrato entre Transcore Latam y el Intrant, que ha generado sospechas de corrupción. Este proceso busca esclarecer las irregularidades y determinar si hubo malversación de fondos públicos u otros actos ilícitos en la gestión de la red de semáforos en el Gran Santo Domingo. Las autoridades dominicanas están determinadas a investigar a fondo este caso y llevar a los responsables ante la justicia.
La situación ha generado controversia en la sociedad dominicana, con opiniones divididas sobre la responsabilidad de los involucrados y la transparencia en la gestión de contratos públicos. La repercusión mediática del caso ha puesto el foco en la importancia de combatir la corrupción y la impunidad en el país, así como en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los negocios entre entidades públicas y privadas. Se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre este caso y contribuyan a la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
En medio de la controversia y las acusaciones, Jochi Gómez y otros implicados en el caso están enfrentando el escrutinio público y legal para aclarar su participación en el contrato cuestionado. Las declaraciones del empresario sobre su disposición a enfrentar la justicia y defender su honor han generado atención y expectativas en la opinión pública. La transparencia y la rendición de cuentas son aspectos clave en este caso, que está siendo seguido de cerca por la sociedad y las autoridades en República Dominicana.
