José Ángel Gómez Canaán, también conocido como Jochi Gómez, está siendo imputado en la operación Camaleón por implementar una red privada que le permitía interceptar datos personales e información corporativa confidencial. Esto se logró a través de un contrato entre Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Según el expediente del Ministerio Público, el exdirector del Intrant, Hugo Beras, concertó con Jochi para obtener una red de radiocomunicación privada utilizando frecuencias del servicio fijo en la banda de 2,300 MHz. El propósito de esta red era expandir la capacidad de espionaje y vigilancia de Gómez Canaán, permitiéndole interceptar comunicaciones cercanas que utilizaban la misma frecuencia. Esto le daba acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet e incluso mensajes de texto sin autorización.
Además, Jochi Gómez podría dirigir ataques hacia otras infraestructuras de telecomunicaciones a través de técnicas de interferencia deliberada, afectando sistemas de comunicación en empresas, instalaciones gubernamentales y redes de telecomunicaciones públicas. También podría lanzar ciberataques hacia otras redes o interferir con redes satelitales, comunicaciones militares o instalaciones de control de tráfico aéreo cercanas. Para obtener los permisos necesarios, Hugo Beras solicitó al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico para servicios privados de radiocomunicaciones, bajo la excusa de mejorar las comunicaciones y servicios del Intrant en República Dominicana.
En enero de 2024, se realizó una comprobación técnica del espectro radioeléctrico en la banda de frecuencia 2,300 MHz en el Distrito Nacional, donde se descubrió que un transmisor punto multipunto perteneciente al Intrant estaba emitiendo desde un edificio en proceso de remodelación. Posteriormente, se realizaron monitoreos de los rangos de frecuencia 2.3 GHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz en varios lugares de la ciudad, confirmando que se estaba utilizando una frecuencia no autorizada en el sistema de comunicación semafórica de Transcore. Esto demostró que la solicitud inicial del Intrant para la asignación de espectro no estaba justificada técnicamente, evidenciando que los fines eran otros.
El Ministerio Público continúa investigando esta operación Camaleón y las implicaciones de José Ángel Gómez Canaán y Hugo Beras en la implementación de esta red privada para interceptar comunicaciones y datos sensibles. Se espera que se tomen medidas legales contra los responsables de esta práctica ilegal que puso en riesgo la privacidad y seguridad de los ciudadanos. Este caso destaca la importancia de la protección de datos personales y corporativos en un mundo cada vez más conectado y dependiente de las tecnologías de la información y comunicación. Es fundamental garantizar la integridad de las comunicaciones y la confidencialidad de la información en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.
