El Ministerio Público solicitó anoche prisión preventiva para Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), José Ángel Gómez Canaán y otros cinco implicados en la operación Camaleón. La audiencia para decidir la medida de coerción fue fijada para el sábado a las 11 de la mañana. Se les acusa de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y estafa contra el estado a través de contrataciones públicas. La representante del Ministerio Público indicó que el caso podría ser declarado como complejo debido a que se trata de crimen organizado.
En relación a la detención de Hugo Beras, la fiscal negó las acusaciones de violación de sus derechos fundamentales, afirmando que él y su familia pueden demostrar el trato recibido. Según la fiscal, Beras afirmó que fue tratado con dignidad, decoro y respeto de sus derechos fundamentales luego de su arresto. Además de Beras y Gómez Canaán, otras personas implicadas en el caso son Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. La fiscal aseguró que el Ministerio Público actuó cumpliendo con las normas y protocolos establecidos.
El exministro de Defensa, teniente general Paulino Sem, fue citado para ser interrogado por la Procuraduría General de la República en relación a un contrato firmado con la empresa Aurix, propiedad de Jochi Gómez, para brindar servicios de seguridad al Estado. Jochi Gómez, por su parte, es sometido a intenso interrogatorio por tercera vez en relación al caso Camaleón, acusado de estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y otros delitos. Sus abogados han presentado documentos y pruebas al Ministerio Público para desvincularlo del caso.
Los abogados de Hugo Beras sostienen que su cliente puede seguir el proceso estando en libertad, argumentando que cuenta con arraigo familiar y presupuestos para justificar esta petición. Aseguran que Beras no ha sido interrogado en la Procuraduría General de la República hasta el momento. Solicitan al Ministerio Público que interrogue a su cliente y presentan documentos y pruebas para desmentir las acusaciones en su contra. Se espera que el proceso judicial avance de manera transparente y justa, demostrando la inocencia de los implicados en el caso.
