La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional comenzó a revisar la solicitud de medida de coerción contra presuntos miembros de una red de narcotráfico, sicariato y lavado de activos, que fueron arrestados con dos toneladas de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela. Los acusados, incluido el supuesto líder y varios socios, podrían enfrentar prisión preventiva si la jueza lo decide, así como la declaración del caso como complejo. La medida fue presentada por fiscales del Ministerio Público y los imputados fueron trasladados al tribunal bajo estricta seguridad desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los fiscales argumentaron que el caso presenta características de crimen organizado, con la investigación abarcando diversos delitos como lavado de activos y asociación de malhechores. Además, resaltaron la pluralidad de hechos imputados, el número de investigados, las posibles penas a imponer en juicio de fondo y la necesidad de declarar el caso como complejo. El arresto del grupo se llevó a cabo en varias provincias del país con la colaboración de diferentes entidades, incluyendo la DEA de Estados Unidos. Según la solicitud de medida de coerción, la red habría movilizado grandes cargamentos de drogas desde Suramérica hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa a través de República Dominicana.
Una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano, se realizaban logísticas para enviarlas a otros destinos, donde el valor de las drogas se triplicaba, generando ganancias ilícitas para los miembros de la estructura. El operativo de arresto se llevó a cabo por aire, mar y tierra, y se enfocó en desarticular la red de narcotráfico y lavado de activos. Los fiscales presentaron una extensa documentación que respalda las acusaciones contra los imputados, quienes enfrentarán posibles penas de hasta 20 años de prisión. El caso ha generado gran interés debido a la magnitud de las actividades ilícitas y la presunta participación de individuos de alto perfil en el mundo criminal.
Es importante destacar que en la lucha contra el crimen organizado se requiere la colaboración de diferentes entidades y la aplicación de medidas estrictas para desmantelar redes como la mencionada en este caso. El tráfico de drogas y el lavado de activos representan graves amenazas para la seguridad y estabilidad de un país, por lo que es fundamental que se tomen medidas contundentes para combatir estas prácticas ilegales. La jueza tendrá la responsabilidad de evaluar todas las pruebas presentadas y decidir sobre la situación de los acusados, así como declarar si el caso debe considerarse como complejo, lo que implicaría mayores recursos y esfuerzos para llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.