La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia encontró culpable a la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La condena de cinco años de reclusión deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres en Santiago, además del pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público. Se ordenó también el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, incluyendo terrenos y locales comerciales. El Ministerio Público había pedido una condena de 10 años de prisión, pero finalmente se impuso una condena de cinco años.
De acuerdo con el expediente acusatorio, Pilarte formaba parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos que era dirigida por su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Miky López), también acusado por el Ministerio Público. El modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para diversificar el producto proveniente del narcotráfico. Los fiscales señalaron la existencia de transacciones bancarias realizadas por Pilarte que reflejaban montos millonarios relacionados con actividades ilícitas, estableciendo que la mujer era partícipe de la red de lavado junto a su esposo. Las sumas millonarias no guardaban relación con sus actividades productivas e ingresos lícitos conocidos y declarados a las autoridades.
El tribunal que condenó a Pilarte está presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco. La acusación presentada por el Ministerio Público incluía pruebas de transacciones bancarias que implicaban a la diputada en actividades ilícitas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se encontró que los montos manejados por Pilarte no estaban justificados por sus actividades productivas legítimas, lo que llevó a la condena de cinco años de prisión y el decomiso de varios inmuebles a favor del Estado dominicano.
La condena impuesta a Rosa Amalia Pilarte por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es un caso emblemático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. La diputada del PRM fue encontrada culpable de participar en una red criminal dedicada a estas actividades ilícitas, dirigida por su esposo Miky López. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron contundentes en demostrar la implicación de Pilarte en transacciones financieras millonarias que no tenían justificación legal, lo que llevó a su condena a cinco años de reclusión y al decomiso de varios inmuebles en La Vega.
El caso de Rosa Amalia Pilarte pone de manifiesto la importancia de la justicia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, delitos que socavan la integridad de las instituciones y la seguridad de la sociedad. La condena ejemplar impuesta a la diputada envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que aquellos que participan en actividades ilícitas serán llevados ante la justicia. La colaboración entre las autoridades y el sistema judicial es fundamental para identificar, investigar y sancionar a quienes buscan aprovecharse de la corrupción y el crimen organizado para beneficio propio. La decisión unánime de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia demuestra el compromiso del Estado dominicano en combatir la impunidad y garantizar la legalidad y transparencia en sus instituciones.
