La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó las medidas cautelares de arresto domiciliario y prohibición de salida impuestas contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exencargado de Informática de la Procuraduría General de la República en el caso Medusa. En lugar de estas medidas, se le impuso la presentación periódica y el pago de una garantía económica. Anteriormente, Forteza Ibarra cumplía prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. El Ministerio Público lo acusa de utilizar su cargo para estafar al Estado dominicano y sobornar a funcionarios públicos y entidades financieras.
En el marco de este proceso, el Ministerio Público ha acusado a un total de 41 personas físicas y 22 empresas por corrupción, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, así como por sobornos, crímenes y delitos relacionados con tecnología y lavado de activos. Además de Forteza Ibarra, también se acusa al ex-procurador Rodríguez Sánchez, a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, a Jenny Marte Peña, a Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte y a Miguel José Moya.
El tribunal decidió cambiar las medidas cautelares contra Forteza Ibarra luego de que este presentara un recurso de apelación a través de su abogada Marisol García. En febrero del año 2023, se había variado la prisión preventiva por arresto domiciliario, presentación de una garantía económica de 20 millones de pesos y prohibición de salida del país. El imputado fue acusado de utilizar su posición en el Ministerio Público para cometer los delitos mencionados, según la fiscalía.
El caso Medusa ha implicado a varias personas y empresas en un entramado de corrupción que ha conmocionado a la opinión pública en la República Dominicana. Las acusaciones van desde estafa contra el Estado hasta lavado de activos, sobornos y malversación de fondos. Las investigaciones han revelado presuntas prácticas ilícitas que involucran a altos funcionarios del Ministerio Público y otras entidades del gobierno, lo que ha generado un gran escándalo político en el país.
El levantamiento de las medidas cautelares contra Forteza Ibarra podría tener implicaciones importantes en el desarrollo del caso Medusa y en la posible condena de los acusados. Se espera que el proceso judicial continúe avanzando y se esclarezcan los hechos relacionados con la corrupción y el mal uso de fondos públicos en la República Dominicana. La decisión de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de variar las medidas cautelares contra Forteza Ibarra ha generado controversia y debate en la sociedad dominicana.