La diputada Rosa Amalia Pilarte está siendo acusada de poseer un patrimonio de lavado de activos proveniente del narcotráfico. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se encuentra en proceso de decidir si condenarla a 10 años de prisión. El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena y compuesto por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco se reservó el fallo para ser anunciado a las 3:00 de la tarde del día siguiente.
Los procuradores adjuntos Pedro Amador y Fernando Quezada, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada, así como Pelagio Alcántara, procurador de Corte, solicitaron al tribunal declarar culpable a la diputada Amalia Pilarte y condenarla a 10 años de prisión. También pidieron que pague una multa de 400 salarios mínimos, que se decomisen sus bienes a favor del Estado y que cumpla la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres. Además, solicitaron que sea inhabilitada permanentemente para ciertas funciones públicas por violar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana.
La defensa de la legisladora, representada por los abogados Luis Leonardo Félix, Amado Gómez y Esteban Pérez, argumenta que el Ministerio Público no ha podido demostrar que el patrimonio de Pilarte proviene de lavado de activos. Consideran que el discurso del Ministerio Público no tiene fundamentos sólidos para aprobar la condena solicitada. La defensa solicitó al tribunal declararla no culpable de los cargos y exponerla de toda responsabilidad penal, ya que consideran que el dinero en sí no es un delito y que es responsabilidad del Ministerio Público probar que proviene de actividades ilícitas.
Los abogados de la defensa mencionaron que la base de la acusación del Ministerio Público es que Pilarte debe probar de dónde proviene su dinero, mientras que ellos sostienen que la carga de la prueba recae en la acusación. En ese sentido, argumentaron que la diputada no tiene la obligación de demostrar el origen de su dinero. La defensa considera que el discurso del Ministerio Público, aunque emotivo, carece de sustento probatorio y legal para respaldar la condena solicitada.
La decisión final sobre el caso de la diputada Pilarte quedó en manos de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quienes se reservaron el fallo para ser anunciado al día siguiente. Se espera que el tribunal tome en cuenta todas las pruebas presentadas por ambas partes y evalúe la situación de forma imparcial antes de emitir su decisión final. La resolución de este caso será importante para la justicia dominicana y sentará un precedente en cuanto al manejo de casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país.