El nuevo gobierno de Panamá, que comenzó en julio de este año, está trabajando en reformar el sistema de seguridad social del país, que se enfrenta a una crisis financiera en el programa de pensiones, invalidez, maternidad y servicios de salud brindados por la Caja de Seguro Social (CSS). El proyecto de ley incluye aumentar la edad de jubilación, incrementar la cuota patronal y aportes estatales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como integrar servicios entre la CSS y el Ministerio de Salud para asegurar el abastecimiento de medicamentos.
A pesar de que algunos sectores empresariales han mostrado apoyo a las medidas propuestas, sindicatos de trabajadores, médicos y maestros se oponen a las reformas, argumentando que perjudican a los trabajadores y no resuelven los problemas estructurales del sistema. El debate continúa en la Asamblea Nacional, donde se esperan modificaciones al proyecto antes de su aprobación, que se prevé sea en diciembre.
La informalidad laboral es un tema subyacente en estas reformas y afecta a más de la mitad de la población panameña, que no tiene acceso a beneficios como seguro social, atención médica y pensiones. Los datos del censo de 2023 muestran que más del 45% de la población ha estado en esta situación durante gran parte del siglo XXI, lo que resalta la necesidad de ajustar no solo variables financieras, sino también elementos estructurales del país desde la década de 1970.
En Panamá, la exclusión del seguro social es un problema generalizado en áreas urbanas y aún más crítico en zonas rurales, con porcentajes de exclusión que superan el 70%, especialmente en las comarcas indígenas. La desigualdad en el acceso a la seguridad social es evidente entre zonas urbanas y rurales, lo que afecta a diferentes grupos de edad y sectores económicos, como agricultura, empleo doméstico y construcción.
La informalidad en Panamá se hace evidente en altos niveles de evasión fiscal, porcentaje de ventas no reportadas y una economía subterránea que representa el 40% del PIB. Esto se debe a la incapacidad del sistema capitalista para integrar a toda la población en el mercado laboral, generando exclusión y pobreza. Es necesario implementar políticas que fomenten la formalización laboral, garantizar salarios dignos y crear modelos innovadores de seguros para mejorar la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
En conclusión, las reformas en el sistema de seguridad social en Panamá buscan abordar la crisis financiera y la informalidad laboral que afecta a una gran parte de la población. Es necesario implementar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones, aseguren el acceso a la atención médica y combatan la evasión fiscal, así como fomentar la formalización laboral y garantizar salarios dignos para mejorar la calidad de vida de los trabajadores panameños.
