En Haina, Kendry espera ansioso a las afueras del Centro de Acogida Vacacional, donde su hermano está detenido por supuestamente estar en situación irregular, a pesar de que él asegura que su familiar cuenta con todos los documentos en regla. El Gobierno ha implementado una medida para repatriar a 10,000 personas cada semana que no tengan la documentación necesaria para residir en el país, lo que ha llevado a un aumento en los operativos migratorios en las últimas semanas.
Los operativos han resultado en la detención de al menos 1,782 haitianos en el Centro de Acogida Vacacional de Haina en un solo día. Los detenidos son transportados en camiones de la Dirección General de Migración (DGM) y la Fuerza Aérea en un amplio dispositivo militar, muchos de ellos yendo apiñados y esposados. Kendry expresó su frustración por no poder comunicarse con su hermano detenido y denunció un posible abuso por parte de las autoridades migratorias.
El nuevo director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, ha asegurado que todo el plan migratorio se ha llevado a cabo con respeto a los derechos humanos, prudencia y uso proporcional de la fuerza por parte de las autoridades. Se han realizado ajustes a gran escala en el operativo, incluyendo estrategias, operaciones de inteligencia, logística, protocolos de detención y vehículos para garantizar un correcto cumplimiento de la medida.
Cuando los migrantes irregulares llegan al Centro de Acogida Vacacional de Haina, son depurados por agentes para determinar si tienen algún proceso migratorio abierto en la DGM. Aquellos que no cumplan con los requisitos para residir en el país serán deportados a su lugar de origen. El objetivo de este operativo es reducir el exceso de población migrante en las comunidades dominicanas, llevándose a cabo bajo estrictos protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados.
Estos operativos se han realizado con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ministerio Público en varios barrios y sectores del país. La medida ha generado controversia y críticas, con preocupaciones sobre posibles abusos o violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, familias como la de Kendry se enfrentan a la incertidumbre y la angustia de tener a sus seres queridos detenidos en medio de esta oleada de deportaciones masivas.
