La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo sobre la medida de coerción a los siete implicados en el caso Camaleón. La audiencia se recesó para dar lectura al fallo el jueves a las tres de la tarde. Los abogados defensores argumentan que no existen suficientes pruebas para imponer la prisión preventiva, sin embargo, el Ministerio Público sigue solicitando que los acusados sean enviados a prisión por 18 meses. En el expediente se acusa a personas como Hugo Beras, exdirector del Intrant, José Ángel Gómez-Canaán, propietario de Aurix S.A.S., Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas.
El exdirector del Intrant, Hugo Beras, se le acusa de dirigir y autorizar la adjudicación de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas, facilitando el desvío de recursos del Estado. Por su parte, el propietario de Aurix S.A.S., José Ángel Gómez-Canaán, es señalado como el principal beneficiario económico del esquema fraudulento. Otro implicado, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, tuvo una participación activa en la adjudicación irregular de contratos favoreciendo a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, se le acusa de ser una pieza clave en el fraude coordinando técnicamente el esquema.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector Administrativo y Financiero del Intrant, emitió una certificación falsa afirmando que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar un proceso de licitación, lo cual fue falso ya que los fondos llegaron meses después. Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, colaboró con actividades fraudulentas tras renunciar a su cargo. Finalmente, Carlos José Peguero Vargas, junto a Jochi Gómez, movilizó fondos a través de una empresa desviando dinero adjudicado a Transcore Latam, colaborando en la construcción de una estructura financiera ilícita.
El Ministerio Público acusa a los siete implicados en el caso Camaleón de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros delitos. En el expediente presentado, se detallan las acciones de cada uno de los acusados en el esquema fraudulento que involucra la adjudicación irregular de contratos y desvío de recursos del Estado. Se espera que la jueza Fátima Veloz emita su fallo luego de revisar todas las pruebas presentadas por ambas partes durante la audiencia de medida de coerción. La solicitud de prisión preventiva por 18 meses sigue en pie por parte del Ministerio Público, mientras que los abogados defensores argumentan la falta de pruebas contundentes en su contra.
Las acusaciones presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca) detallan la participación de cada uno de los imputados en el esquema de corrupción, destacando su colaboración en la manipulación de contratos y desvío de recursos. El caso Camaleón ha generado un gran interés en la opinión pública y en el sistema judicial dominicano, ya que involucra a exfuncionarios de alto nivel y empresarios que se habrían beneficiado de manera ilícita. Se espera que el fallo de la jueza Fátima Veloz sobre la medida de coerción marque un precedente en la lucha contra la corrupción en el país.
