La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha instado a los Estados a cumplir plenamente el embargo de armas en Haití para detener los suministros a las bandas criminales en el país. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que las armas y municiones que llegan a Haití provienen de empresas de otros lugares y que es necesario que los Estados apliquen el embargo del Consejo de Seguridad a los exportadores de armas que operan en o desde su territorio. Este acceso al armamento ha causado miles de asesinatos, desplazamientos masivos y violaciones de los derechos humanos.
Durante un debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Haití, Türk mencionó que entre febrero y julio de este año se han documentado asesinatos selectivos, tiroteos al azar, secuestros masivos, reclutamiento forzoso, trata de menores, e incendios y saqueos de pueblos y ciudades por parte de bandas criminales cada vez más poderosas. También denunció que la violencia sexual en el país ha alcanzado nuevas cotas de brutalidad, con casos de violaciones colectivas.
La ONU ha alertado sobre la violencia caótica en Haití en las últimas semanas, donde las bandas criminales controlan las vías terrestres interrumpiendo los servicios básicos. Esta situación ha llevado a casi cinco millones de personas a sufrir de inseguridad alimentaria aguda, con un tercio de la población experimentando desnutrición. Türk instó a los países presentes a apoyar un modelo de buen gobierno en Haití, especialmente en áreas como la justicia, la policía y el sistema penitenciario, y abordar problemas más profundos como la pobreza y la desigualdad.
El alto comisionado elogió el plan de acción del gobierno de transición en Haití para combatir la corrupción, que incluye la formación de unidades judiciales especializadas para luchar contra crímenes masivos como la violencia sexual y los delitos financieros. Se destacó la importancia de apoyar a Haití en la construcción de un sistema de justicia eficaz y en la implementación de medidas para abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Además, se resaltó la necesidad de fortalecer las instituciones gubernamentales para garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos en la nación caribeña.
