El movimiento Participación Ciudadana (PC) rechazó la decisión del Gobierno de entregar a los partidos fondos no consignados en el Presupuesto del Estado, considerándola ilegal y generadora de graves consecuencias para el país en el futuro. PC afirmó que esta medida viola las leyes y beneficia a quienes tienen la potestad de crearlas y hacerlas cumplir. El país debe entender que la reducción de fondos aprobada para financiar a los partidos políticos en el presupuesto de 2024 no fue un error u omisión, sino una reducción aplicada a doce instituciones debido a la insuficiencia de los ingresos estatales para cumplir con las asignaciones de leyes especiales.
La organización señaló que durante las últimas décadas, ningún gobierno ha tenido la voluntad de realizar una reforma fiscal para aumentar las recaudaciones, ni de buscar consensos para modificar las leyes especiales que asignan porcentajes fijos del presupuesto. Además, recordó que el artículo 234 de la Constitución prohíbe trasladar recursos de una institución a otra luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto, a menos que sea mediante una ley específica. PC también destacó que la decisión del Poder Ejecutivo viola el principio de especialidad cualitativa, que establece que los recursos deben ser utilizados según los objetivos establecidos en el presupuesto.
En relación con el presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE), PC consideró ilegal el uso de recursos consignados para otros fines, especialmente cuando se hace bajo el compromiso del Ejecutivo de restablecer dichos recursos, suprimiendo la autoridad del Congreso Nacional en esta materia. El movimiento Participación Ciudadana hizo un llamado a respetar las leyes y a evitar violar los principios establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto. La organización expresó su preocupación por las posibles consecuencias negativas que este tipo de decisiones podrían tener en el futuro del país, y urgió a las autoridades a actuar con transparencia y respeto a la legalidad en el manejo de los recursos públicos.