La retención de pacientes y cadáveres en clínicas y hospitales es ilegal y viola los derechos humanos a la salud y a la libertad individual, según Arismendi Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos. Sugiere que Salud Pública ratifique esta ilegalidad y elabore un contrato único con cláusulas que definan los derechos de los pacientes, de las clínicas y hospitales, así como opciones de pago equilibradas para ambas partes.
Díaz Santana destaca que la retención de pacientes y cadáveres revela una falta de respeto a los derechos humanos, a pesar de ser ilegal. Se cuestiona la utilidad de los derechos humanos si las autoridades no los garantizan. Se critica a los centros de salud privados y públicos por condicionar la salida de pacientes o la entrega de cadáveres al pago de deudas por servicios médicos, violando la libertad individual. Los abogados consultados coinciden en que esta práctica es ilegal y el Gobierno debería actuar inmediatamente contra estas instituciones.
Se analiza que aprehender a familiares por deuda, utilizando procedimientos compulsivos que violan los derechos humanos, es completamente ilegal e inaceptable. Algunas familias han denunciado que el trato irrespetuoso de administradores de centros de salud y abogados resulta más traumático que la enfermedad del paciente, generando estrés familiar. Estas situaciones reflejan el predominio del fuerte sobre los derechos humanos, lamenta Díaz Santana.
En ocasiones, las diferencias entre las ARS y la PSS complican y dilatan la liberación del paciente o la entrega del cadáver, obligando a los afiliados a recurrir a instituciones como la DIDA y la SISALRIL para reclamar sus derechos. Se insta a una solución legal equilibrada que respete los derechos de los pacientes y garantice el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de servicios de salud. Se critica el uso de procedimientos compulsivos y prepotentes por parte de algunos proveedores de servicios médicos.
En muchos casos, los familiares deben firmar pagarés o compromisos de pago con cláusulas unilaterales y altos intereses, convirtiéndose luego en víctimas de abogados especializados en cobros compulsivos que irrespetan la integridad de las personas. Es necesario establecer opciones de pago equilibradas para ambas partes y reglas claras en los contratos. Se busca una solución amigable que respete la legalidad y la integridad de los pacientes, concluye el experto en sistemas de salud y seguridad social.